El Grupo Municipal Socialista considera que Carnero debe exigir al Gobierno Autonómico la reforma integral y celeridad para la construcción de la nueva estación de autobuses. La negligencia de la Junta queda reflejada en los 35 años sin cobrar el dinero de la concesión. Pedro Herrero: “Los vallisoletanos no se merecen el trato infame que PP y Vox están consintiendo en la estación de autobuses”.

La Junta de Castilla y León no ha cobrado nunca el canon a la empresa concesionaria de la estación de autobuses de Valladolid, según se evidencia en la respuesta de la propia Administración Regional a la solicitud formulada por el Grupo Municipal Socialista. Es una prueba de que la “negligencia” de la Junta ha propiciado el deterioro de la terminal, cuyo estado agonizante padecen a diario miles de viajeros.

El GMS ha desvelado la información oficial que ha recabado acerca de la gestión de la estación de autobuses de Valladolid por parte de la Junta de Castilla y León durante los últimos 35 años.  Pedro Herrero ha calificado de “escandalosa” la actuación de la Administración Autonómica respecto a un asunto “muy importante para la ciudad porque afecta a miles de usuarios y a la imagen que proyecta Valladolid”. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento insta a Carnero, en primer lugar, a pedir explicaciones a la Junta por su actitud negligente y, en segundo término, a reclamar la mejora de la infraestructura y celeridad para que construya la nueva estación en Delicias. La construcción de esta dotación está contemplada en el convenio de Integración Ferroviaria.

El pasado 20 de octubre Herrero solicitó a la Junta de Castilla y León una “relación de todos los documentos que acrediten la recaudación por parte de la Junta de Castilla y León de todos los derechos de cobro derivados del contrato de concesión de la estación de autobuses de Valladolid a lo largo de la concesión”. El propósito es que la Junta demostrara que ha estado cumpliendo su obligación de cobrar a la empresa concesionaria el canon anual del 10% de los beneficios líquidos de cada año anterior y la tasa fija por la utilización de bienes de dominio público.

La respuesta a esta petición -firmada por la Secretaria General de la Consejería de Movilidad y Transformación digital, Ana Álvarez-Quiñones Sanz- ha consistido en adjuntar la copia de un requerimiento realizado por la Directora General de Transportes y Logística de la Junta, Laura Paredes Aparicio, a la empresa “Estación de Autobuses de Valladolid S.A.” fechada el 3 de noviembre de 2023; es decir, trece días después de la solicitud del portavoz del GMS y, en consecuencia, 35 años después de la adjudicación del contrato de gestión de la terminal.

En dicho requerimiento, la Junta de Castilla y León solicita a la empresa concesionaria “Estación de Autobuses de Valladolid S.A.” el abono del canon solo de los cuatro últimos años, a excepción de la anualidad 2020, debido a la “acreditada” falta de beneficios ese año por la pandemia. Por este motivo la Junta concedió ayudas a las empresas del transporte   y también otorgó una ayuda directa a la empresa concesionaria de la estación de autobuses. Y en concreto, la Junta de Castilla y León otorgó ayudas por más de 2,3 millones de euros (2.382.883 euros) a las empresas que integran la sociedad que gestiona la Estación de Autobuses de Valladolid: La Regional (679.611 euros); Linecar (538.123 euros), Cabrero (373.450 euros); Galo Álvarez (664.977 euros) y Auto Res S.L, en la actualidad Avanza (55.687 euros). Además, la propia mercantil que gestiona la estación recibió 71.032 euros.

Estos datos constatan que mientras la Junta de Castilla y León reparte ayudas a las empresas de transporte es “incapaz” de recaudar el dinero que estas tienen que aportar a las arcas públicas, según el contrato de adjudicación.

El requerimiento viene a demostrar, según destaca el Grupo Municipal Socialista, que la Junta de Castilla y León no ha cobrado nunca el canon a la empresa que gestiona la estación de autobuses, puesto que no presenta comprobante de ningún pago durante los 35 años de concesión. También se revela que solo reclama el pago del canon desde 2019 por una única razón: la Administración Autonómica habría perdido todos sus derechos de cobro previos a ese año al haber prescrito. Por tanto, esta dejadez en la gestión supone que se habrían “perdonado” más de treinta años.

La explotación del servicio público de la Estación de Autobuses en la ciudad se remonta a 1972, con la obligación del concesionario de pagar a la Administración el 10% de los beneficios obtenidos y “un mínimo de 500.000 pesetas en concepto de tasa por canon”. El tiempo ha demostrado que a las arcas públicas no han llegado ni porcentajes de beneficios ni la cantidad mínima contemplada en el contrato de adjudicación.