Con los requisitos de la Junta quedan fuera el 92% de los posibles solicitantes. El PSOE reclama para los jóvenes de Valladolid un millar de viviendas al año

Cambio de los requisitos. Esta es la propuesta que defenderá en el próximo pleno el Grupo Municipal Socialista para evitar que más de 5.000 vecinos queden, de hecho, excluidos de las 63 viviendas protegidas de Puente Colgante. Y el requisito que debe cambiarse es el económico porque a fecha de hoy si una familia con dos hijos ingresa 24.318 euros al año no tiene ninguna posibilidad de vivir en esas viviendas; es decir, no puede acceder a uno de los 63 pisos de alquiler, cuando la realidad es que la inmensa mayoría de solicitantes no llega a esos ingresos. Para el PSOE resulta incomprensible que la Junta exijan unos ingresos tan altos para optar a una vivienda protegida.

Después de ocho años de gestiones y con 14 meses de retraso respecto a lo anunciado, la Junta de Castilla y León acaba de publicar el procedimiento de selección para acceder, en régimen de arrendamiento social, a las viviendas que, ha rehabilitado en el antiguo cuartel de la Guardia Civil gracias a los Fondos Europeos gestionados por el Gobierno de España, con una inversión de 8 millones de euros.

La cifra de los 5.000 vallisoletanos discriminados tiene su explicación en el umbral mínimo de ingresos exigidos por la Junta y en el Registro específico para los interesados en acceder a una vivienda. En el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública hay inscritas en Valladolid más de 5.400 personas. Únicamente 464 ganan más de 24.318 euros y, por tanto, son las aceptadas en la convocatoria, según la Orden 157/2024 del 1 de marzo. Se produce, de facto, la exclusión de la inmensa mayoría las personas registradas, el 92%, quienes no podrán participar del sorteo.

Aparte de que la Junta ha encarecido un 20% los precios del alquiler con respecto a lo anunciado hace un año, quedan excluidas las familias que más lo necesitan: aquellas con ingresos anuales inferiores a 24.318 euros (3 veces el IPREM), mientras que, por el contrario, son admitidas a optar a una de las viviendas aquellas otras que ingresen hasta 57.902 euros (5 veces el IPREM corregido). El IPREM (el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas) estaba fijado en 2022 en 8.106 euros en 14 pagas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha comparecido ante los medios de comunicación en el edificio de Puente Colgante para plantear esta pregunta: “¿Para quién son las 63 viviendas si no pueden acceder a las viviendas protegidas las familias jóvenes que más lo necesitan? Desde el Ayuntamiento de Valladolid exigimos la retirada de la actual convocatoria y el cambio de las condiciones de acceso porque es un despropósito y supone una afrenta a las 5.000 personas que se quedan fuera de forma injusta”. Y, en consecuencia, el PSOE insta a Carnero a que defienda los intereses de los vallisoletanos que han solicitado viviendas públicas.

El Grupo Municipal Socialista invoca la legislación, al tiempo que recuerda las promesas del PP para argumentar la moción.

Es evidente que se incumple la Ley 9/2010, de 30 de agosto del Derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León.

Asimismo, en su programa electoral Carnero se comprometió a intensificar la comunicación y la colaboración con la Junta de Castilla y León en una materia esencial para la calidad de vida en Valladolid como es la política relativa al derecho a la vivienda. En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista planteará en el pleno del próximo lunes los siguientes acuerdos:

1 .- Instar al alcalde a mediar con el Presidente de la Junta de Castilla y León para modificar las condiciones de acceso a estas viviendas y sean consideradas las personas que más lo necesitan.

2.- El equipo de gobierno urbanizará y promoverá la construcción de, al menos, 1.000 viviendas anuales destinadas a población juvenil.