La protección de la salud de los vallisoletanos, la mejora del medio ambiente, la seguridad vial y la apuesta de por la movilidad sostenible constituyen los ejes de las alegaciones del Grupo Municipal Socialista ante la nueva ordenanza municipal que contempla la supresión los carriles específicos para ciclistas y los carriles habilitados para autobuses y taxis. La derogación parcial y modificación de dicha ordenanza supondrá “un grave retroceso en los avances logrados en materia de movilidad sostenible en nuestra ciudad”.

El PSOE destaca los resultados positivos conseguidos con las medidas puestas en marcha en la anterior legislatura municipal, que han permitido reducir el volumen de tráfico de la ciudad y aumentar el uso de medios más sostenibles,  como el autobús (+2% con respecto a 2019, según AUVASA) o la bicicleta (+32% con respecto a 2022, según los datos de los aforadores del propio Ayuntamiento). Mientras  se han reducido  un 8% los desplazamientos en vehículo privado con respecto a 2019. De manera paralela se ha producido un aumento de la velocidad comercial de los autobuses urbanos del orden de un 26%, según datos de AUVASA.

La ampliación del viario para el vehículo privado que implicaría la derogación o modificación de esta Ordenanza en los términos planteados tendrá múltiples consecuencias negativas para la ciudad y sus habitantes. Entre los problemas que se generarían, destacan los siguientes:

1. Incremento de la congestión de tráfico: numerosos estudios demuestran que incrementar el número de carriles para el tráfico privado no es efectivo para aliviar la congestión, ya que incentiva el uso del automóvil y provoca un círculo vicioso de mayor tráfico.

Asimismo, experiencias en otras ciudades (París, Londres, Ámsterdam, Pontevedra, etc.) demuestran que promover el uso del transporte público y de la bicicleta, en lugar de fomentar el uso del automóvil, es la estrategia más eficiente   para abordar el problema de la circulación.

2. Mayor riesgo para los usuarios vulnerables: la colocación de un carril-bus/taxi o carril-bici, en detrimento de un carril para tráfico motorizado privado, en el Paseo Isabel la Católica y en la Avenida Gijón las ha convertido en “Zona 30”, determinante en la seguridad en el caso de producirse algún siniestro vial ya que la velocidad máxima se sitúa en 30 Km/hora.

3. Incremento de los problemas de salud y deterioro de la calidad del aire: el fomento del uso de la bicicleta y el transporte público no solo contribuye a la mejora de la movilidad, sino también a la reducción de la contaminación atmosférica y la mejora de la calidad del aire en nuestra ciudad.

4. Aumento del tiempo de respuesta de los vehículos de emergencia: los vehículos de emergencia, como son las ambulancias, los bomberos o la policía, que aprovechan estas infraestructuras de uso exclusivo para el transporte público verán disminuida su capacidad para circular con rapidez, aumentando su tiempo de intervención en caso de urgencia.

En las alegaciones del GMS figura una advertencia: la ciudad podría sufrir una pérdida económica significativa, ya que este cambio en la movilidad pondrá en riesgo la posibilidad de recibir futuros fondos de la UE.

La propuesta del equipo de gobierno es contraria a varias normas de ámbito estatal, como la de la Ley de Economía sostenible; a planes contra el Cambio Climático y de impulso al Medio Ambiente. Y también choca en el ámbito europeo contra  varias normativas :

• La resolución sobre una estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones, aprobada en diciembre de 2017. Hace especial hincapié en la necesidad de invertir en la multimodalidad y en el transporte público.
• La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión en diciembre de 2020.
• La resolución sobre el desarrollo de una estrategia de la UE para la bicicleta.

Tampoco se incluye la “perspectiva de género”, a pesar de la importancia de este concepto en la movilidad porque nos permite comprender cómo el género afecta a las necesidades y patrones de movilidad de las personas. Está demostrado que las mujeres a menudo se enfrentan a barreras adicionales para acceder a los servicios de transporte. Por tanto, la actuación que promueve el equipo de gobierno del PP y Vox perjudica un medio utilizado mayoritariamente por mujeres. Este dato está reflejado en el documento de AUVASA del 24 de abril de 2023, donde se constata que las mujeres son mayoritarias entre las personas que se desplazan en autobús.

Conclusión: “Resulta evidente que el objetivo de la derogación no es un modelo de convivencia entre los diferentes modos de movilidad. Ni mejora la movilidad peatonal ni la movilidad en transporte público colectivo”. El propio informe solicitado al Centro de Movilidad Urbana establece que el carril bus-taxi (el sistema en vigor) es más eficiente para fomentar el transporte público. En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista insta al equipo de gobierno -en base a los argumentos expuestos en las alegaciones- a reconsiderar su decisión porque perjudica el interés general.