El Grupo Municipal Socialista ha hecho públicas hoy las conclusiones que presentará mañana en la Comisión de investigación sobre la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), transcurrido un año desde que dieran comienzo sus trabajos. A lo largo de 15 puntos, el PSOE desgrana las que a su juicio son las “claves” para entender por qué fracasó el convenio suscrito en 2002 por los cuatro socios implicados en la operación: el Ministerio de Fomento (50%), la Junta de Castilla y León (25%) y el Ayuntamiento de Valladolid (25%), y acusa al PP municipal de haber engañado a la ciudadanía ocultando sabiendo que el proyecto ya era inviable en enero de 2011.

Solo consejeros municipales del PP

El PSOE atribuye toda la responsabilidad política del fracaso del proyecto, en lo que respecta al ámbito municipal, en el anterior equipo de gobierno del PP. Los socialistas entienden que, durante 12 años, desde la firma del convenio hasta que la Sociedad no pudo hacer frente al pago de su deuda de más de 400 millones de euros en 2015, además de gobernar con mayoría absoluta, todos los representantes del Ayuntamiento pertenecieron al PP y por tanto, “son ellos quienes votaron a favor de todas y cada una de las decisiones que fueron adoptadas en su Consejo de Administración”, ha recalcado.

Según el portavoz municipal, Pedro Herrero, la llegada a la alcaldía del gobierno que dirige Óscar Puente ha sido la que ha permitido “sacar a la luz la verdad y conocer mucha información sobre la operación que el PP ocultó deliberadamente a la ciudadanía de Valladolid”, ya que ésta no estaba sujeta a ningún tipo de confidencialidad, como aseguraba el PP cuando gobernaba, como ha quedado demostrado en la propia Comisión de investigación, cuya constitución, ha recordado también Herrero, apoyaron todos los Grupos políticos salvo el PP.

Los avales que firmó De la Riva

De todo lo que fue ocultado a la opinión pública según el Grupo Socialista, su portavoz ha destacado la existencia de las famosas cartas de conformidad o “comfort letters”, es decir, los avales que las instituciones socias tuvieron que aportar para cubrir los posibles impagos por parte de la Sociedad, entre las que están las tres que fueron firmadas por el ex alcalde León de la Riva “por su cuenta” y que han llevado al banquillo de los acusados al ex alcalde y dos de sus concejales, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez. Unos avales que, ha recordado Herrero, supusieron para el Ayuntamiento “una gran amenaza”, puesto que era inasumible tener que pagar más de 100 millones desde 2016.

Para los socialistas resulta incuestionable que León de la Riva, que “actuó de forma claramente negligente, con alto nivel de ligereza y despreocupación”, sin que haya podido demostrarse su “intención torticera de perjudicar deliberadamente al Ayuntamiento”, tal y como el PSOE ha recordado que sentenció la Audiencia provincial del pasado 30 de julio, “no sólo puso en riesgo la estabilidad de las cuentas municipales, sino que “saltándose el procedimiento legal obtuvo un lucro político y electoral”, permitió a De la Riva y su partido seguir presentándose ante la ciudad como artífices de “un soterramiento que hubiera devenido en inviable de haberse seguido el procedimiento legal” en 2011.

En el informe de conclusiones de su Grupo, Herrero también compara la actitud “cobarde” del ex alcalde con la “responsable” con la del actual regidor Óscar Puente, quien “se ofreció a declarar en la Comisión antes de que ésta le convocara y como finalmente hizo hasta contestar todas las preguntas”, mientras que León de la Riva, ha dicho, “ni siquiera se dignó en contestar a la petición que se le envió ni tampoco ha hecho ademán de hacerlo una vez terminado el juicio”.

Otras prioridades urbanísticas

Tras 12 meses de análisis de documentación y comparecencias, los socialistas no dudan en acusar al PP de “haber jugado con las ilusiones de toda una ciudad durante 12 años” aportando una retahíla de “promesas incumplidas” y contextualizado lo que denominan “el mayor engaño de la historia de Valladolid” en el marco de la política urbanística de los Populares, cuyos objetivos prioritarios, han señalado, “no atendían al interés público, sino a la especulación pura y dura”.

Así, el documento que presentará mañana el PSOE destaca distintos argumentos como la confluencia de intereses durante esa época (De la Riva además de alcalde fue también Vicepresidente de Caja Duero, Consejero de Ebro Puleva, del Grupo Financiero del Duero y del Banco de Negocios EBN), el papel jugado por Carlos Baró, pues trabajó durante años al mismo tiempo para el ex alcalde y para promotores inmobiliarios con intereses en la operación y “que también se ha negado a dar explicaciones a la Comisión”, ha incidido Herrero, o el retraso en sus trabajos del estudio de Rogers, que antes de asumir el proyecto del soterramiento ya estaba dedicado al de Valdechivillas, y cuyo enfoque resultaba “incompatible con el de poner en valor los suelos que aspiraba a que fueran liberados” con la operación ferroviaria.

Finalmente, Herrero ha hecho un llamamiento al Grupo Popular y a los dirigentes de este partido para que, tan pronto se aprueben las conclusiones de la Comisión de investigación, “pidan perdón a la ciudadanía de Valladolid, aprendan la lección y pasen página”, así como para que cambien de actitud, incluso respecto a sus propios compañeros de la Junta de Castilla y León y “miren al futuro con sentido de ciudad”.