Pedro Herrero: “En estos momentos de necesidades de vivienda, es indispensable poner a disposición de los vallisoletanos este patrimonio municipal que nos sigue costando dinero por León de la Riva, condenado por un delito de desobediencia”.

Tres pisos y un ático del Ayuntamiento de Valladolid, ubicados en el emblemático edificio de la Plaza Zorrilla, siguen sin habitarse, mientras se acumulan los gastos de comunidad, que este año ascienden a 5.226 euros. Son las cuatro viviendas que pasaron a formar parte del patrimonio municipal tras la sentencia que declaró ilegal la reforma del antiguo edificio de Caja Duero, que derivó en la condena del popular Javier León de la Riva.

En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista propone al equipo de gobierno de Carnero que ponga estas viviendas a la venta o en alquiler: “La  factura que ha tenido que pagar el Ayuntamiento por la sentencia de los áticos de Zorrilla suma 3,7 millones de euros. A este dinero se añaden, cada año, las cuotas de la comunidad. Ha llegado el momento de poner fin a estos costes injustificados y, por tanto, es necesario sacar al mercado los cuatro pisos y el ático que están vacíos. Hoy por hoy, con las necesidades que tienen los ciudadanos, no podemos consentir que cuatro viviendas estén sin habitar en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad”.

En la relación de inmuebles patrimoniales de propiedad municipal que pudieran ser enajenados o alquilados se encuentran cuatro viviendas de diferentes superficies. La más pequeña es un ático de 46,50 metros cuadrados que se encuentra en la octava planta del edificio de la calle Santiago número 28 . Hay otras tres viviendas situadas en la cuarta y sexta planta del edificio. La que tiene mayor dimensión cuenta con 149,45 metros cuadrados.

La iniciativa de los concejales del PSOE pretende el aprovechamiento de estas cuatro viviendas que en la actualidad siguen vacías,  ya sea en régimen de alquiler o en venta. La valoración de estos inmuebles supera los 2,1 millones de euros, según estimaciones de entidades del sector inmobiliario.

Los inmuebles llegaron al patrimonio municipal como consecuencia de las resoluciones de responsabilidad patrimonial derivadas del caso de los áticos del antiguo edificio de Caja Duero. La sentencia anuló las licencias de obra, primera ocupación y el proyecto de ejecución por alterar las fachadas protegidas y aumentar la superficie edificada en la última planta. Su cumplimiento obligó a demoler los áticos, redistribuir espacios y modificar usos, lo que llevó a indemnizar a los propietarios afectados.

El juzgado de lo Penal número 2 condenó a León de la Riva en abril de 2015 a 13 meses de inhabilitación para ejercer como alcalde o concejal por un delito de desobediencia al incumplir de forma reiterada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2008 que ordenaba derribar las obras realizadas de forma ilegal en el edificio y devolver el inmueble a su estado original.

La sentencia establecía la nulidad de las licencias de obras concedida en su día para la rehabilitación del edificio y también las licencias de ocupación tras comprobar que en el inmueble en el que Javier León  de la Riva -siendo alcalde- había comprado una vivienda se habían realizado trabajos que incumplían el Plan Especial del Casco Histórico.

Además del incremento de edificabilidad, no se respetaron los elementos de cerramiento tanto interiores como exteriores a los que obligaba la catalogación del edificio, caso de la cubierta y la fachada, ni se respetó el límite del 50% que debía destinarse a uso residencial, a viviendas. Hasta la sexta plaza todo eran oficinas. En consecuencia, el tribunal ordenó la demolición de las obras ilegales y la reposición de los elementos eliminados para devolver el edificio a su estado anterior.

Para restituir la legalidad y devolver el inmueble a su estado anterior hubo que derribar todo aquello que se había construido de manera ilegal y, por tanto,  fue necesario indemnizar con más de 3 millones de euros a los propietarios de las oficinas y viviendas afectadas. Dado que en la sentencia se especificó que la indemnización era incompatible con el mantenimiento de la titularidad del inmueble, aquellos propietarios que optaron por coger el dinero tuvieron que entregar la propiedad. Así es como el Ayuntamiento se quedó con las cuatro viviendas.

La realidad es que los tres pisos y el ático siguen generando gastos. El 17 de agosto de 2026, la Junta de Gobierno aprobó el abono de gastos de comunidad de los inmuebles municipales de Santiago 28, «Edificio Zorrilla», correspondientes a 2026: un total de 5.226 euros.

Y ¿qué aprovechamiento está obteniendo la ciudad con estas propiedades? ¿Cuánto cuesta su conservación? Si una vivienda no se habita el deterioro es inexorable y mientras tanto miles de personas buscan desesperadamente una vivienda.