El Grupo Municipal Socialista seguirá defendiendo las enmiendas que mejoran el Protocolo de vivienda, a pesar de que no hoy se han debatido.

Concluido el Consejo de Administración de la sociedad pública VIVA, con los votos a favor de todos los grupos municipales, excepto Vox, se ha aprobado la inclusión de la violencia de género en el Protocolo que regula los criterios de acceso a las viviendas municipales. El PP hoy a votado a favor tras el informe del Secretario del Ayuntamiento, que en la práctica le obliga a incluir el concepto de la violencia de género, tal como han reclamado la oposición y todas las asociaciones de mujeres de Valladolid.

El PSOE considera que este hecho evidencia, una vez más, que Carnero gobierna voluntariamente con un partido negacionista, Vox, y que los postulados de la ultraderecha le han arrastrado en un tema tan sensible como es la violencia de género. El actual alcalde solo ha reculado cuando un informe jurídico le ha advertido de la ilegalidad.

Respecto a las enmiendas del Grupo Municipal Socialista la noticia es que no se han debatido, porque la portavoz del PP en el Ayuntamiento ha enviado un escrito en el que considera que por un defecto formal no se podrían presentar esas enmiendas. Por cierto, en el Consejo de Administración de VIVA no han estado presentes ni la portavoz de VOX en el Ayuntamiento ni la portavoz del PP. No obstante, el Grupo Municipal Socialista estudiará la forma de presentar de nuevo las enmiendas que mejoran el Protocolo de Acceso a la vivienda.

Las ocho enmiendas al Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal gestionado por VIVA tienen varios objetivos: reducir las barreras administrativas de acceso, valorar de forma prioritaria la necesidad habitacional, evitar exclusiones automáticas cuando existan circunstancias justificadas, garantizar la continuidad de las familias que siguen siendo vulnerables y someter el funcionamiento del sistema a evaluación periódica y transparencia.

La primera enmienda plantea reducir de tres años a un año la antigüedad mínima de empadronamiento exigida para acceder al programa; se propone que las personas solicitantes estén empadronadas en Valladolid en el momento de presentar la solicitud “con un año de antigüedad”. La justificación señala que exigir tres años puede impedir el acceso a personas vulnerables antes de que llegue a valorarse su necesidad social o habitacional.

La segunda enmienda aborda las deudas tributarias, con el Ayuntamiento, VIVA y los suministros. El PSOE propone que una deuda que haya sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento formalmente concedido no impida el acceso a los programas cuando la persona esté cumpliendo los plazos establecidos. La redacción propuesta establece que “la deuda que haya sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento formalmente concedido no impedirá el acceso” mientras se cumpla el calendario de pagos.

La tercera enmienda pretende acabar con la aplicación automática de la exclusión durante cinco años por haber desistido de un procedimiento o renunciado a una vivienda. Los socialistas mantienen esa consecuencia para las renuncias injustificadas, pero introducen una excepción cuando existan “circunstancias sobrevenidas, justificadas y ajenas a la voluntad de la persona adjudicataria”, que deberán ser valoradas mediante resolución motivada y, cuando proceda, con informe técnico o social.

La cuarta enmienda modifica sustancialmente el baremo de las Viviendas Blancas. El PSOE propone eliminar la puntuación de hasta tres puntos por antigüedad del empadronamiento y sustituirla por la valoración de la “situación habitacional”. El texto contempla un punto cuando el alquiler supera el 30% de los ingresos de la unidad familiar, dos puntos en casos de desahucio o determinadas situaciones de alojamiento precario y tres puntos cuando la persona se encuentre alojada en espacios que no tienen la consideración de vivienda, como una tienda, chabola, vehículo, local o nave.

La propia justificación de la enmienda resume el cambio de criterio que persigue el PSOE: “se recupera como criterio central la necesidad de vivienda”. El empadronamiento continuaría siendo un requisito de acceso, pero dejaría de funcionar además como un elemento de ventaja dentro del baremo.

La quinta enmienda se refiere al mecanismo extraordinario destinado a atender necesidades urgentes y excepcionales. El Grupo Socialista propone que su aplicación se fundamente en “criterios objetivos y homogéneos”, mediante informe de los Servicios Sociales municipales y con identificación de la situación de necesidad habitacional que justifique la propuesta.

La sexta   plantea que las familias que continúen en situación de vulnerabilidad puedan mantener su vivienda mediante prórrogas sucesivas. La propuesta establece que, al finalizar el contrato, “podrán acordarse prórrogas sucesivas mientras la persona o unidad de convivencia beneficiaria continúe cumpliendo los requisitos establecidos para su permanencia en el programa y las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento”. La prórroga estaría sometida a valoración técnica y a revisión periódica.

El PSOE aclara que esta propuesta no supone una permanencia automática o indefinida en la vivienda.

La séptima enmienda completa la regulación de las exclusiones en el Programa de Viviendas Blancas. El PSOE propone que la exclusión durante cinco años no sea aplicable cuando el desistimiento, la falta de formalización del contrato o la renuncia estén motivados por “circunstancias sobrevenidas, justificadas y ajenas a la voluntad de la persona adjudicataria”. También en este supuesto se exigiría valoración y resolución motivada.

La octava enmienda incorpora una obligación de evaluación periódica del sistema.