La información recabada por el Grupo Municipal Socialista acredita que este puesto, creado de forma ilegal y con un coste superior a 156.000 € anuales, no aporta resultados tangibles

La información recabada por el Grupo Municipal Socialista para poder evaluar la actividad desarrollada por el Director de Coordinación de Políticas Públicas confirma que la aportación de este puesto es mínima, difusa y carente de resultados tangibles.

Pese a que el equipo de gobierno entregó la documentación fuera de plazo, en el mismo día del Pleno en el que se debía debatir la moción socialista —moción que fue vetada por el alcalde Jesús Julio Carnero para impedir su debate—, el contenido al que se ha tenido acceso confirma las tesis sostenidas por el PSOE desde la creación de este controvertido cargo.

Los documentos remitidos apenas acreditan la presencia del denominado “alcalde B” en reuniones del Comité Técnico de los proyectos PRTR, sin que conste ninguna iniciativa estratégica propia, programas impulsados, evaluaciones de políticas públicas o mejoras de servicios vinculadas directamente a su trabajo.

Carnero no ha facilitado los Planes Directores, programas de calidad o decisiones ejecutivas que permitan valorar su utilidad real en la gestión municipal, ya que algunos de ellos, ni siquiera existen.

“Lo poco que el alcalde se ha atrevido a entregar confirma lo que venimos diciendo desde hace dos años: este puesto no aporta nada sustancial a la ciudad. Su actividad es prácticamente inexistente y su función, puramente decorativa”, ha señalado el portavoz socialista, Pedro Herrero.

El puesto de Director de Coordinación de Políticas Públicas, popularmente conocido como “alcalde B”, fue creado de forma ilegal, según declaró el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que estimó el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista.

A pesar de la sentencia, Carnero decidió mantener este puesto —inédito en la historia del Ayuntamiento—, obligando a modificar el Reglamento Orgánico “de forma precipitada y sin consenso” para dar al puesto el encaje que no tenía.

La permanencia de esta figura cuesta a las arcas municipales más de 156.000 euros al año, lo que supone 627.048 euros durante todo el mandato, un gasto que el PSOE considera “injustificable” a la vista de los resultados aportados.

Además de impedir el debate político en el Pleno al vetar la moción socialista que reclamaba explicaciones públicas, Carnero entregó la documentación solicitada por el Grupo Municipal Socialista el mismo día del pleno, imposibilitando un análisis previo detallado por parte de la oposición y abundando, a juicio del PSOE, una estrategia deliberada de opacidad.

“El alcalde no solo crea un cargo declarado ilegal, sino que lo blinda frente al control político. Y ahora sabemos por su propia documentación que, tras gastar más de 300.000 euros en dos años, la ciudad no ha obtenido ningún beneficio concreto”, ha denunciado Herrero.

El Grupo Municipal Socialista insiste en que la información remitida por el propio equipo de gobierno confirma que el denominado “alcalde B” no ha tenido impacto alguno en la gestión municipal, más allá de su mera asistencia a reuniones y presencia institucional. Es más, “su presencia en el organigrama municipal dificulta la coordinación interna, distorsiona el funcionamiento interno y genera desorden en la gestión”

“Carnero debe explicar de inmediato por qué mantiene un puesto inútil que cuesta más de 156.000 euros al año a los vallisoletanos, y asumir que su única función ha sido servir de refugio político a un nombramiento a dedo”, concluye el portavoz socialista.