En el próximo Pleno, el PSOE planteará un apoyo expreso del Ayuntamiento de Valladolid al Decreto aprobado hace seis años por la Junta, que pretende ser derogado con la denominada Ley de la Concordia

Los acuerdos que el Grupo Municipal Socialista pretende aprobar en el Pleno del lunes 29 de abril son muy claros:

  1. “El Ayuntamiento de Valladolid insta al Gobierno de la Junta de Castilla y León a preservar, cumplir y hacer cumplir el Decreto 9/2018 de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.
  2. El Ayuntamiento de Valladolid reconoce la aportación del gobierno del presidente Juan Vicente Herrera y del vicepresidente y exconcejal de este Ayuntamiento, José Antonio de Santiago Juárez, a la causa de la Memoria histórica y democrática y la defensa de los Derechos Humanos.

La moción, firmada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, se fundamenta en el reconocimiento de la norma aprobada hace seis años por el Gobierno Autonómico:

“Haciendo bueno el refrán “más vale tarde que nunca”, el Decreto 9/2018 de 12 abril, de la memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, firmado por el presidente Herrera y el vicepresidente De Santiago – Juárez, permitió sentar las bases para que los poderes públicos de Castilla y León lleven a cabo políticas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fenómeno de la memoria democrática.

Este Decreto recabó un amplísimo respaldo político y social, constituyendo un instrumento normativo para que los particulares afectados por la guerra civil y la dictadura franquista y las entidades constituidas para la defensa de la memoria histórica, dispongan de un cauce ordenado y sistemático para desarrollar las actuaciones necesarias para recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático, a quienes sufrieron las consecuencias y también preservar del olvido la memoria colectiva.

Sin embargo, transcurridos seis años desde la publicación de dicho Decreto, la Junta de Castilla y León ha decidido en 2024 dar un giro de 180 grados a su posición y sustituirlo por una Ley de discordia a la medida del revisionismo histórico que promueve la ultraderecha y que pretende oficializar el negacionismo, equiparar a la Dictadura con la Democracia y a las víctimas del franquismo con sus verdugos”.