Pedro Herrero: “Confiamos en que todos los grupos municipales apoyen la iniciativa del PSOE para poner fin al problema que padecen miles de personas que viven en la zona sur de la ciudad”

Según ha desvelado el Grupo Municipal Socialista, la Junta de Castilla y León no realizó inspecciones ambientales a la Fábrica Findus (antes Nestlé y previamente Maggi) entre 2015 y 2023 a pesar de tener constancia de numerosas denuncias vecinales, la mayoría de ellas recogidas y remitidas por el Ayuntamiento de Valladolid durante este periodo de tiempo. Además, según la documentación conocida por el PSOE, la Junta sólo hizo cuatro inspecciones a lo largo de 21 años: 1987, 1992, 1997 y 2008.

Es la información que hoy traslada a los medios de comunicación el PSOE en el Ayuntamiento. El pasado lunes el Grupo Municipal Socialista canalizó la denuncia pública de los afectados en una comparecencia conjunta ante los periodistas. Asimismo, durante los últimos meses los concejales socialistas se han reunido con los representantes vecinales para escuchar sus demandas. Y el lunes se debatirá una moción en el Pleno.

Se trata de inspecciones de “seguimiento y vigilancia” que deberían ser periódicas. Así figura tanto en las actas de los años 2011 y 2013, efectuadas por la Consejería de Medio Ambiente, como en el acta de la inspección de 2015, a cargo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Fue precisamente la inspección de 2015 la última que se realizó hasta 2023 por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente; es decir, ocho años sin inspecciones ambientales en una industria situada en plena ciudad.

Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, lanza una pregunta: “¿Por qué la Junta de Castilla y León no realizó las inspecciones periódicas en los años 2017, 2019 y 2021, periodo en el que la Administración autonómica registró un centenar de quejas por parte de los vecinos.” Para el portavoz del GMS es especialmente grave que esto haya sucedido mientras miles de personas han padecido “olores insoportables, putrefactos, especialmente en verano”, según la descripción de los afectados. Y la realidad es que este problema ambiental y social continúa.

Además, en el informe de inspección de 2015 también se indicaba, respecto a las aguas, que el último control “anual” ECA (Estándar de Calidad Ambiental) se había realizado el 28-5-2013, es decir, hacía más de un año, sin que la Junta actuara al respecto.

En las conclusiones recogidas en el acta de la última inspección de agosto de 2023 sí se hace referencia a las demandas vecinales: “por las quejas recibidas y lo visto en la inspección, es presumible que las modificaciones realizadas (…) no hayan sido efectivas, no habiendo cesado las quejas por olores provenientes de la depuradora y vertidos”. Y de hecho la Junta reconoce que se debe aplicar un “Plan” de gestión de olores.

En este documento la Junta de Castilla y León constata una realidad alarmante: “No se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental. Se han constatado incumplimientos relevantes o muy relevantes”. Por eso, la Administración insta a la empresa a adoptar “inmediatamente” las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente.

En sus conclusiones, este informe de la Junta de 2023 señala las acciones que tiene que llevar a cabo la empresa para cumplir las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada “para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir la emisión de olores, la mejora técnica disponible consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión ambiental”.

El Grupo Municipal Socialista entiende que estos hechos se deben ser aclarados y por eso confía en que todos los grupos municipales del Ayuntamiento   apoyen en el Pleno del próximo lunes la moción encaminada a resolver definitivamente este problema con los siguientes acuerdos:

1. La Corporación Municipal insta a la Junta de Castilla a tomar las decisiones que sean de su competencia para poner fin al problema de malos olores provenientes de la empresa Findus España S.L.U. y que afecta a miles de vecinos.  
2. El Ayuntamiento de Valladolid colaborará con la Administración Autonómica en todo aquello que proceda para este fin.