La contundente respuesta contra los efectos de la pandemia desplegada por el Ayuntamiento de Valladolid para ayudar a los sectores más afectados por esta crisis sociosanitaria ha propiciado una movilización de recursos sin precedentes y ha servido para  cubrir las carencias de una Administración Autonómica que se ha demostrado incapaz de cumplir sus promesas y atender sus obligaciones conforme a sus propias competencias.

El Ayuntamiento de Valladolid fue el primero de España en traspasar sus remanentes disponibles, más de 24 millones de euros, al fondo de contingencia del presupuesto municipal y dedicarlos a paliar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Una audaz operación que permitió aprobar rápidamente medidas de apoyo y que solo el año pasado ha supuesto 3 millones de euros en forma de menores ingresos debido a la supresión de la tasa de terrazas a la hostelería, la exención de la tasa para la venta ambulante y el gremio de feriantes, la bonificación del IBI a los establecimientos hoteleros o la exención del pago de la ORA durante el confinamiento. A esa cantidad se suman 6,6 millones por la menor recaudación tributaria y un déficit generado en las cuentas de Auvasa de casi 5 millones. 

Una merma de ingresos que sin embargo no ha impedido redoblar la apuesta por no dejar a nadie atrás. El año pasado, por encima de lo previsto inicialmente, se destinaron más de 5 millones de euros a ayudas de emergencia, sociales y educativas, se dedicaron 2,5 millones más a la política de vivienda y se gastaron 1,5 millones en la adquisición de material sanitario, en limpieza y desinfección y el desarrollo del teletrabajo, además de conceder otros 5 millones en ayudas directas a autónomos y pequeñas empresas que también se han beneficiado de 2 millones en ayudas a la digitalización. Para estos dos colectivos   ya está previsto repartir 8 millones más en ayudas directas. Una suma que alcanza los 15 millones y supone un despliegue de recursos excepcional para dar respuesta a una situación excepcional. Mientras, la administración autonómica gobernada por PP y Cs solo parece capaz de responder con desconcierto y medidas que sus propias rectificaciones demuestran ineficaces y, por si esto fuera poco, de dudosa legalidad.

En la comparación entre la gestión municipal y la de la Junta de Castilla y León se explica el refrán de que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.

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