Hoy Carnero ha tenido que presentar, tras la sentencia condenatoria, las dos mociones censuradas hace un año. El Grupo Municipal Socialista reprocha la falta de explicaciones y documentos.  

Silencio. Ninguna explicación del Partido Popular sobre la supuesta utilidad del “alcalde B”. De hecho, la portavoz del PP ha optado por el silencio en tres de sus cuatro intervenciones posibles y solo al final ha usado su turno, pero no para enumerar las tareas del “alcalde B”, denominación en el ámbito político del Director de Coordinación de Políticas Públicas, cuya creación fue declarada ilegal. El Grupo Municipal Socialista ha emplazado a Carnero a acreditar con documentos la utilidad de un puesto que cuesta a los contribuyentes cerca de 650.000 euros durante este mandato (160.000 euros anuales).

Es más, Pedro Herrero ha puesto en evidencia el gasto añadido que supone la dedicación parcial de Carnero a la Alcaldía. El sueldo del alcalde de Valladolid asciende a 92.0000 euros, pero la decisión de Carnero ha propiciado que el gasto para los contribuyentes sea el triple:  270.000 euros. En la actualidad, Carnero percibe el sueldo de senador y cobra la correspondiente indemnización del Ayuntamiento. Pero a esto se añaden los gastos que provoca el puesto del alcalde B” (dos personas contratadas). En definitiva, para los contribuyentes supone el triple, sea dinero que procedente del Ayuntamiento de Valladolid o del Senado.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha calificado de inaudita la situación producida en el Ayuntamiento de Valladolid, donde hoy se han debatido las dos mociones censuradas por Carnero en septiembre y octubre del pasado año: “Es algo insólito que presente una moción quien la prohibió. Usted no lo hace porque haya rectificado, sino porque ha sido condenado por haber vulnerado derechos fundamentales contemplados en la Constitución .

El portavoz socialista también ha utilizado esta circunstancia para cuestionar la dedicación política de Carnero a la ciudad. Herrero ha señalado que ningún alcalde de una ciudad española de mayor población que Valladolid compatibiliza actualmente su cargo con el de senador y ha acusado al regidor de mantener una actividad insuficiente tanto en su agenda municipal como en la Cámara Alta.

Herrero ha situado el centro de la moción en una pregunta que Carnero continúa sin responder: ¿Qué trabajo concreto realiza el Director de Coordinación de Políticas Públicas y qué utilidad tiene para el Ayuntamiento y para los vecinos de Valladolid?

Herrero ha comparado la retribución del puesto con la de otros cargos y empleados municipales con elevadas responsabilidades. Su salario es similar al de puestos como el de Vicesecretario General del Ayuntamiento o al de miembros del Gobierno municipal y superior al de directores y directoras de Área. La diferencia está en que el trabajo de estos funcionarios está acreditado día a día con documentos.

El portavoz socialista ha insistido: “¿Qué problemas de gestión ha resuelto? ¿Qué asuntos ha desatascado? ¿Qué decisiones ha tomado que hayan mejorado el funcionamiento del Ayuntamiento o del equipo de gobierno municipal?”

“Ahora que ha quedado demostrado, por si alguien tenía todavía alguna duda, que el compañero de partido al que usted colocó ilegalmente en este Ayuntamiento para hacer aquello que debería hacer el alcalde, que usted no hace porque ha decidido dedicar buena parte de su actividad política a la política nacional, les cuesta un auténtico dineral a los vecinos de Valladolid sin que se haya demostrado qué trabajo realiza”.

Ante la falta de explicaciones, Pedro Herrero, ha planteado una la solución sencilla : “Volver al modelo tradicional, al modelo en el que el alcalde hace de alcalde. Es decir, nuestra propuesta consiste en que usted suprima el puesto del denominado “alcalde B”, un coste de 160.000 euros para las arcas municipales en un año,  y delegue sus funciones en uno o varios concejales de su equipo de gobierno. Usted puede seguir tranquilamente en el Senado, cobrando su sueldo como senador y percibiendo al mismo tiempo las indemnizaciones que le correspondan del Ayuntamiento.”  

“Nuestra propuesta, por tanto, es perfectamente razonable: o las funciones regresan al alcalde o se distribuyen entre los miembros del gobierno municipal. Se elimina una estructura innecesaria, se ahorra dinero público y se pone fin a una polémica que nunca debería haber existido”.

Sin embargo, en este ámbito todo seguirá igual.