El Grupo Municipal Socialista denuncia que el nuevo protocolo de VIVA eleva de uno a tres años la antigüedad de empadronamiento exigida al titular, introduce nuevas barreras para personas vulnerables y se aprueba sin consenso.

El Grupo Municipal Socialista denuncia que el equipo de gobierno presidido por Carnero ha aprobado en el Consejo de Administración de VIVA unos nuevos criterios de acceso a las viviendas municipales de alquiler que endurecen de forma injustificada las condiciones para optar a una vivienda pública, y que suponen, en la práctica, asumir los planteamientos restrictivos defendidos por la ultraderecha en materia de vivienda social.

El Grupo Municipal Socialista advierte que el cambio más grave es el incremento del requisito de residencia en Valladolid. Mientras que el protocolo aprobado en 2025 exigía un año de antigüedad en el empadronamiento, el nuevo texto de 2026 eleva ese requisito a tres años para la persona titular de la solicitud. Este cambio no es una mera modificación técnica: es una barrera de entrada que dejará fuera directamente a personas y familias que viven en Valladolid, que necesitan una vivienda asequible y que, sin embargo, no podrán ni siquiera concurrir al procedimiento por no alcanzar ese nuevo umbral temporal.

Para el Grupo Municipal Socialista esta decisión confirma que el PP ha decidido plegarse a los criterios de Vox y convertir el acceso a la vivienda pública en un sistema más restrictivo. El endurecimiento resulta especialmente preocupante porque el propio protocolo convierte la antigüedad en el empadronamiento en un factor determinante. No solo se exige un mínimo de tres años para acceder, sino que además se prima con más puntuación a quienes acumulen más tiempo de residencia: un punto entre tres y seis años, dos puntos entre seis y diez años y tres puntos para más de diez años. El tiempo de empadronamiento pasa a tener un peso decisivo en la ordenación de las listas, incluso en programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

El GMS considera que el arraigo puede ser un elemento a valorar, pero nunca debe convertirse en una frontera que impida acceder a una vivienda pública a quienes acreditan una necesidad. «Estar más o menos tiempo empadronado en Valladolid no hace a una persona más o menos vulnerable. Lo determinante debería ser la situación social, económica, familiar y habitacional de cada solicitante, no un criterio que penaliza especialmente a quienes han llegado más recientemente a la ciudad, a familias en procesos de reorganización vital o laboral, a jóvenes y a personas que atraviesan situaciones de emergencia», ha explicado Rafi Romero en el consejo de administración de VIVA.

Los concejales socialistas han solicitado  el aplazamiento de la aprobación del nuevo protocolo con el objetivo de abrir un margen de diálogo para alcanzar un acuerdo con el PP. La propuesta buscaba evitar una aprobación precipitada y corregir los aspectos más lesivos del texto, pero el equipo de Gobierno prefirió seguir adelante y cerrar la puerta a una negociación que habría permitido mejorar la norma y dotarla de un mayor consenso.

Los concejales del Grupo Municipal Socialista también ha mostrado su preocupación por otros elementos del protocolo que introducen inseguridad, desigualdad y trabas. Entre ellos, la exigencia de un informe favorable de riesgos para determinados programas de carácter social; la penalización de cinco años sin acceso al Plan Municipal de Vivienda en caso de rechazo de una vivienda asignada en el programa de viviendas blancas; la diferencia de trato entre quienes pueden visitar y elegir vivienda y quienes solo acceden a fotografías sin conocer siquiera la ubicación exacta; o la limitación de los contratos de viviendas blancas a siete años sin posibilidad de prórroga .

«Estos requisitos trasladan una visión estigmatizante de las personas destinatarias de vivienda social. La vivienda pública no puede gestionarse desde la sospecha permanente ni desde un enfoque punitivo, sino desde la garantía de derechos, el acompañamiento, la estabilidad residencial y el cumplimiento de las obligaciones contractuales», señala Rafi Romero, quien insta a Carnero a “rectificar, revisar el protocolo y a abandonar una política de vivienda marcada por el seguidismo a Vox«.

Audio de la concejala del Grupo Municipal Socialista, Rafi Romero