El Grupo Municipal Socialista presentará en el próximo Pleno una moción conjunta con VTLP en la que se pide la colocación de la bandera arcoíris en la Casa Consistorial.
Nueve acuerdos se plantean en la moción que defenderán el Grupo Municipal Socialista y VTLP en el Pleno del próximo lunes 29 de junio:
- Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con la defensa de los derechos de las personas LGTBI y con la lucha contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales o realidad familiar.
- Colocar la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento de Valladolid el 28 de junio o durante la celebración de la semana del Orgullo como muestra del compromiso institucional con la diversidad y la igualdad.
- Impulsar campañas municipales de sensibilización contra la LGTBIfobia, especialmente dirigidas a centros educativos, espacios juveniles, instalaciones deportivas, servicios sociales, centros culturales, centros de mayores y centros de día y espacios de participación ciudadana.
- Apoyar a las asociaciones, colectivos y entidades que trabajan por los derechos LGTBI, facilitando espacios públicos, recursos municipales y colaboración institucional para el desarrollo de actividades de sensibilización, acompañamiento y visibilización.
- Promover formación específica en diversidad LGTBI y prevención de discursos de odio y atención a víctimas de discriminación para el Personal municipal, servicios sociales, deporte, policía local, personal educativo y juvenil. Incluir una apartida específica en los presupuestos municipales para acciones de igualdad y diversidad LGTBI.
- Establecer o reforzar protocolos municipales de prevención, detección y actuación frente a agresiones, acoso, discriminación o discursos de odio contra personas LGTBI, en particular en los espacios de ocio nocturno.
- Instar a la Junta de Castilla y León a aprobar una Ley LGTBI que garantice protocolos educativos, atención sanitaria específica, protección frente a la discriminación y coordinación institucional.
- Instar a la Junta de Castilla y León a velar por el cumplimiento de la Ley 3/2019 de Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León en el caso de infracciones graves por razón de raza, sexo, orientación sexual, religión o cualquier otra orientación o circunstancia personal o social impidiendo la práctica o participación en actividades deportivas o impidan el acceso a las instalaciones deportivas públicas (art. 92) mediante la creación de un observatorio sobre la LGTBI fobia en el deporte.
- Rechazar públicamente los discursos de odio contra las personas LGTBI, recordando que no son simples opiniones inocuas, sino discursos que alimentan la discriminación, la exclusión y la violencia.
Son los puntos de la moción que se fundamenta en el origen de este movimiento social:
“El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI en recuerdo de las revueltas de Stonewall en Nueva York, símbolo de la lucha por la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas LGTBI frente a la persecución y la violencia.
En las últimas décadas, España ha experimentado importantes avances en el reconocimiento de derechos, como el matrimonio igualitario (2005) o, más recientemente, la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI, que establece obligaciones claras para las administraciones públicas, empresas y sociedad en su conjunto.
Aún así, estos avances normativos no han logrado eliminar la discriminación. Algo que evidencia el informe del Estado del Odio 2026 de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FEFGTBI+), dónde se señala que el 44% de las personas LGTBI ha sufrido alguna situación de odio en el último año, habiendo sido agredidos el 22% y acosados el 36%. Además, un 11% considera que ha sufrido simultáneamente agresión, acosos y discriminación. Igualmente, podemos constatar que en Valladolid las agresiones se han disparado en el último año. Todo ello refleja una realidad estructural que sigue afectando a millones de personas. La LGTBIfobia continúa presente en múltiples ámbitos: la calle, el entorno laboral, los espacios educativos, el ámbito familiar y también en el entorno digital, lo que demuestra la necesidad de una respuesta institucional coordinada y sostenida y es que la igualdad formal reconocida en la legislación no siempre se traduce en una igualdad material efectiva, persistiendo situaciones de discriminación en el empleo, el acceso a vivienda o la vida cotidiana
En este contexto, resulta especialmente preocupante la situación en Castilla y León, donde persiste una carencia estructural relevante: la ausencia de una ley autonómica integral LGTBI. Esta falta de desarrollo normativo implica: ausencia de protocolos homogéneos en el sistema educativo, falta de planificación autonómica en sanidad, desigualdad en la atención a víctimas de discriminación… Esta situación genera una desigualdad territorial incompatible con el principio de igualdad, en la que los derechos dependen, en la práctica, del lugar de residencia.
La legislación estatal vigente establece la obligación de los poderes públicos de adoptar medidas activas para garantizar la igualdad y la no discriminación, así como para visibilizar la diversidad y proteger a las personas LGTBI frente a cualquier forma de violencia o exclusión. Los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, tienen un papel fundamental en la garantía de derechos, la prevención de la discriminación y la promoción de la igualdad real.”
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