El equipo de Gobierno se ha opuesto en la Comisión de Hacienda y Recursos Humanos a revertir la decisión que impidió la contratación de una trabajadora por estar embarazada, pese a la jurisprudencia constitucional

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado esta mañana en la Comisión de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid un grave caso de discriminación laboral por razón de embarazo. Ha exigido al equipo de gobierno de PP y VOX que rectifique de inmediato una decisión administrativa que impidió la contratación de una trabajadora integrante de una bolsa de empleo municipal. La propuesta del PSOE para dejar sin efecto dicha decisión ha sido rechazada por ambos grupos que sostienen el gobierno municipal.

Los hechos se remontan a finales de noviembre de 2025, cuando el Ayuntamiento decidió no contratar a una trabajadora perteneciente a una bolsa de empleo de la categoría de Peones para cubrir un contrato de sustitución de larga duración, aproximadamente de un año y medio. La razón alegada en el decreto municipal fue que, al encontrarse embarazada, no era posible adaptar el puesto de trabajo en el Servicio de Limpieza. El Grupo Socialista considera que esta decisión vulnera de manera frontal el principio de no discriminación por razón de sexo y maternidad en el acceso al empleo público.

Durante la Comisión celebrada esta mañana, el PSOE ha puesto de manifiesto que la propia resolución administrativa cita la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/2019, de 30 de septiembre, que establece con claridad que excluir a una mujer de un proceso de contratación por estar embarazada constituye discriminación directa. Lejos de justificar la actuación municipal, dicha referencia refuerza, a juicio de los socialistas, la ilegalidad de la decisión adoptada.

Además, el Grupo Municipal Socialista ha subrayado una circunstancia especialmente relevante: la trabajadora afectada había desempeñado ese mismo puesto de trabajo hasta el 14 de octubre de 2025 estando ya embarazada y habiéndolo comunicado sin que fuera necesaria ninguna adaptación del mismo. Este hecho desmonta el argumento de la imposibilidad sobrevenida de adecuar el puesto y evidencia que la única causa real de la no contratación fue su embarazo.

A ello se suma que, tras la denuncia pública del caso, desde el equipo de gobierno se planteó como “compensación” llamar a la trabajadora para el primer contrato que se ofertara una vez finalizada su situación de embarazo. Para el PSOE, esta propuesta supone un reconocimiento implícito de que no existía una causa legal que justificara su exclusión inicial del proceso de contratación.

La concejala socialista Charo Chávez ha sido tajante al respecto: «No es de recibo que en pleno 2026 el equipo de gobierno del PP y VOX siga permitiendo este tipo de discriminaciones contra las mujeres por el hecho de estar embarazadas. La administración pública debe ser ejemplar en la defensa de la igualdad y no puede amparar decisiones que vulneran derechos fundamentales».

Audio de la concejala del Grupo Municipal Socialista Charo Chávez: