Después de mantener reuniones y contactos con los diferentes colectivos ciclistas, vecinales y sociales, el Grupo Municipal Socialista ha presentado alegaciones para mejorar la regulación del uso de la bicicleta y de la movilidad por carriles especiales.

Como explica Luis Vélez, “no se trata de eliminar toda regulación, sino de que la norma sea razonable, clara, comprensible y útil para lograr una convivencia efectiva entre peatones, ciclistas, VMP y vehículos motorizados”.

Lo primero que llama la atención es que en el texto del equipo de gobierno PP-Vox se ignora que la nueva ordenanza está motivada por la sentencia contraria a los cambios en la movilidad, declarados ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nula de pleno derecho la Ordenanza Municipal sobre los carriles de uso restringido en la ciudad, aprobada el 30 de octubre de 2023 en Pleno solo con los votos de PP y Vox y que afecta a los carriles para autobuses, taxis y ciclistas.

“El detonante de la nueva normativa es el varapalo judicial a Carnero y, sorprendentemente, en el texto ni siquiera se menciona la sentencia, ni que el Ayuntamiento tiene obligación de cumplirla, pero esta es la realidad. Cambian la normativa porque están obligados por el Tribunal Superior de Justicia”, precisa Luis Vélez.

La nueva ordenanza aprobada inicialmente presenta carencias importantes que van en contra de su “objetivo declarado” de fomentar una movilidad sostenible, segura e inclusiva. Estos son los principales puntos que se deberían tener en cuenta:

1. Excesiva complejidad normativa. La ordenanza es densa, demasiado técnica y difícil de interpretar. Contiene un exceso de artículos, apartados y excepciones que dificultan su comprensión por parte de la ciudadanía, generando confusión más que seguridad. Es una Ordenanza demasiado prohibicionista.
2. Repite normas y utiliza conceptos genéricos . Algunas disposiciones se duplican en distintos artículos (como la prioridad peatonal o la necesidad de desmontar), y se utilizan expresiones ambiguas como “alta densidad peatonal” o “espacio suficiente”, que dejan demasiado margen a la interpretación. Esto puede dar lugar a sanciones arbitrarias y a inseguridad jurídica.
3. Desconexión con la realidad ciclista de la ciudad. La norma parte de una premisa que no es real, porque en Valladolid no existe una red ciclista continua y segura. Es decir, se regula sin tener en cuenta que la ciudad aún no tiene una infraestructura ciclista adecuada.
4. Falta de enfoque educativo y de acompañamiento. La ordenanza pone el énfasis en lo que no se puede hacer, pero no ofrece medidas para educar, promover o facilitar el uso seguro de la bicicleta. No contempla acciones pedagógicas ni refleja una estrategia clara de impulso a la movilidad activa.

En el preámbulo se hace referencia hasta en dos ocasiones a las bicicletas y vehículos de movilidad personal como “medios de transporte alternativos”. Esta denominación no es correcta, puesto que no son alternativos, sino que son un “medio de transporte” más.