Tras la decisión adoptada por la Diputación Provincial de Valladolid de asumir directamente la gestión del servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil en todo el ámbito provincial, el Ayuntamiento de Valladolid ha comunicado a la Agencia de Protección Civil que dejará de proporcionar este servicio fuera de su término municipal a partir del 31 de diciembre de 2020. En consecuencia, las llamadas que se reciban en el 112 a partir del 1 de enero de 2021 no podrán ser derivadas al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Valladolid, salvo en los casos en los que se correspondan con aquellas emergencias ubicadas en el municipio de Valladolid, marco geográfico en el que este Ayuntamiento tiene competencia para la prestación de dicho servicio.

La Diputación Provincial asume de forma directa la prestación del servicio y la responsabilidad que se deriva del mismo, algo que -subraya el Ayuntamiento de Valladolid-  no solo está en su derecho de hacer sino también en la obligación de hacerlo.

El Ayuntamiento de Valladolid respeta la decisión adoptada por la Institución Provincial y le desea el mayor de los éxitos en la asunción de la gestión de su competencia de forma directa.

Dicho esto, el Ayuntamiento de Valladolid no puede en modo alguno aceptar las afirmaciones vertidas en el día de ayer para justificar esa decisión. Dichas afirmaciones son esencialmente dos: que el Ayuntamiento de Valladolid ha manipulado las cifras en las que basa su posición y que ha tensado las negociaciones hasta límites inaceptables.

Respecto de la primera de esas interpretaciones   Ayuntamiento de Valladolid reitera que ha sustentado sus cálculos en criterios estrictamente legales y técnicos. El Ayuntamiento está aún esperando a que la Diputación Provincial traslade o haga públicos los suyos, pues hasta la fecha se han limitado a decir qué cantidad estaban dispuestos a pagar sin aportar documento alguno en el que se establezca una valoración alternativa a la realizada por el Ayuntamiento de Valladolid.

Respecto a la segunda de las afirmaciones desde el Ayuntamiento se recuerda  el lamentable episodio protagonizado por el todavía Vicepresidente de la Institución Provincial, grabando las conversaciones con el concejal de Seguridad del  Ayuntamiento –sin consentimiento-  y difundiendo el contenido de esas grabaciones en un grupo de whatsapp, en un hecho sin precedentes en la historia de ambas instituciones y que revela el grado de deslealtad y bajeza política con el que la Diputación se ha comportado en la negociación. En dicha grabación, no puede extraerse otra conclusión que el Ayuntamiento dice en público y en privado lo mismo, manteniendo la coherencia en todos los ámbitos, mientras que la Diputación Provincial por boca de su vicepresidente dice en privado que no está en condiciones de asumir el servicio con fecha 1 de enero de 2021, mientras su presidente declara en público que podrá hacerlo sin problema. Uno de los dos no dice la verdad.

Por último, el Ayuntamiento remitirá en el día de hoy una comunicación al presidente de la Diputación Provincial dejándole claro que el Ayuntamiento de Valladolid queda liberado de cualquier responsabilidad por daños en bienes o personas que se produzcan en un ámbito que a partir del 1 de enero de 2021 es de su exclusiva competencia, y por tanto de su exclusiva responsabilidad;  que el Ayuntamiento de Valladolid no dispone ya de habilitación legal alguna para operar fuera de su término municipal y que no pondrá en riesgo la seguridad y vida de su personal, ni dejará potencialmente desatendidos a los ciudadanos de Valladolid por atender emergencias acaecidas en la provincia, menos aun cuando desde la Institución Provincial se asegura públicamente que puede asumir la obligación legal de atender esas emergencias con sus propios medios.

De no ser ciertas esas afirmaciones es la Institución Provincial, a través de sus máximos representantes, quien se ha situado deliberada y conscientemente en la posición de no poder atender las emergencias que se produzcan en el ámbito de su competencia geográfica y, por tanto, quien pone en riesgo la vida, y la integridad de personas y bienes.