La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rafaela Romero, critica con contundencia la toma en consideración de la modificación de la Proposición de Ley 16/2020, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales presentada por PP y C’s. La intención de las formaciones que gobiernan en la Comunidad es implantar un supuesto sistema de teleasistencia avanzada que, en la práctica, supone una reducción de competencias para los Ayuntamientos, encargados ahora de gestionar este servicio, con las mismas prestaciones que ahora se prometen. 

“A los Ayuntamientos, que somos la institución más próxima a los ciudadanos, nos quita competencias. La Ley de Servicios Sociales recogía como una competencia delegada el programa de Teleasistencia y esto pasa ahora directamente a la Junta. No sabemos en qué condiciones. No tenemos ningún borrador de los nuevos pliegos con los que pretenden adjudicar este nuevo servicio. Cambian la Ley pero no nos dejan opinar sobre cómo se va a hacer ese traspaso de competencias de las entidades a la Junta de Castilla y León. No sabemos qué  condiciones”, explica la concejala, convencida de que esta manera de actuar “levanta sospechas”. “Ellos están diciendo que va a ser un tema gratuito para las personas que usan este servicio, pero no parece que sea así. Lo que parece es que se está planteando la gratuidad a las personas dependientes que representan el menor grupo dentro de las personas que usan este servicio. Sería un número mínimo de personas las que se beneficiarían de la gratuidad del servicio”.

“Lo más grave de esta aprobación es que alejan la toma de decisiones de las instituciones que gestionan el día a día. Nosotros que hemos estado trabajando con la Ayuda a Domicilio, con la Teleasistencia, con todos los programas de mayores, haciendo una combinación de todos ellos para poder estar cerca de y atender las necesidades más urgentes que se han estado planteando sobre todo durante el confinamiento, realizando contactos con hasta 8.000 personas cada dos días. Lo hemos podido hacer porque teníamos la capacidad de pedirle a la empresa una modificación de las condiciones en las que se estaba desarrollando el programa. Ahora se pierde esa capacidad. La gestión se aleja y si el que paga manda… entendemos que perdemos esa capacidad de negociación directa para dar respuestas más ágiles a los problemas.”, insiste Rafaela Romero, convencida de que “hasta que veamos en qué condiciones se desarrolla esto, de entrada, se tarta de una mala noticia para los usuarios del servicio de Teleasistencia”.

“La Junta está planteando ahora la Telemedicina y eso es innegablemente el futuro pero… ¿es este el momento adecuado? ¿Las personas mayores de nuestra Comunidad están preparadas? ¿Tenemos internet en todos los lugares? ¿Se puede llegar a todos los usuarios? ¿Justifica esto la falta de personal sanitario en esas pequeñas localidades? No tenemos más que dudas. No tenemos ningún anteproyecto, ningún documento sobre el que podamos hablar”, sostiene la responsable de los Servicios Sociales municipales.

Rafaela Romero advierte, además, de algunas dudas que surgen si se tiene en cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado hay una partida de 700 millones para dependencia, que es un 35% más que el año anterior. “Va a haber un refuerzo importante para la dependencia y en esos presupuestos se está contemplando además la gratuidad para la Teleasistencia a nivel general, es decir que la Junta, como siempre, vende humo, se está adelantando y dispara con pólvora ajena”, sentencia Rafaela Romero.