Pedro Herrero: “Las sentencias que han declarado ilegal la ZBE, la Ordenanza de Movilidad, la figura del alcalde B y la que ha condenado al propio alcalde deben propiciar un cambio de actitud de Carnero”.

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Valladolid una moción para mejorar la seguridad jurídica de las decisiones del equipo de gobierno PP-Vox. La iniciativa reclama a Carnero tres acuerdos: atender las recomendaciones de los servicios jurídicos del Ayuntamiento; suprimir el órgano de Coordinación de Políticas Públicas, conocido como «alcalde B», y contar con profesionales exclusivamente de Valladolid cuando esté justificado recurrir a asesoramiento externo especializado.

La propuesta responde a la sucesión de decisiones políticas del equipo de gobierno de PP y Vox que han desembocado en pronunciamientos judiciales adversos: la Zona de Bajas Emisiones, ilegal; la Ordenanza de Movilidad, ilegal; la creación del “alcalde B”, ilegal, y, además, Carnero ha sido condenado por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales al negarse a incluir en un Pleno dos mociones del Grupo Municipal Socialista.

«Aunque sólo faltan 7 meses para las Elecciones Municipal, Carnero tendría que haber aprendido ya que gobernar no es imponer; es escuchar y respetar a los funcionarios responsables de los Servicios Jurídicos. Por el interés general y por el bien del Ayuntamiento el actual alcalde debe corregir de una vez su forma de actuar porque hasta la fecha el cúmulo de sentencias judiciales contrarias es demoledor. Si atiende nuestra propuesta el Ayuntamiento ganará en garantías legales”, explica Pedro Herrero. En definitiva, el PSOE defiende reforzar el asesoramiento previo para evitar rectificaciones y varapalos judiciales.

La propuesta incluye de forma expresa la supresión del órgano de Coordinación de Políticas Públicas, el acalde B, un puesto que fue declarado ilegal y que a la visa de lo sucedido en el Ayuntamiento – al margen del coste que se eleva a los 156.762 euros anuales– tampoco contribuye a aportar seguridad jurídica a las decisiones políticas de PP y Vox.

Además, el PSOE propone contar con profesionales únicamente de Valladolid cuando resulte justificado contratar asesoramiento externo especializado. El planteamiento del Grupo Municipal Socialista se debe a que Carnero contrató un bufete de Madrid para su estrategia de oposición a la construcción de la nueva estación de Renfe, cuyas obras, que tienen un presupuesto de 215 millones de euros , ya están en marcha .

“La propuesta del Grupo Municipal Socialista es clara: escuchar a los servicios jurídicos, corregir las decisiones cuestionadas y evitar que los mismos errores se repitan. Es una cuestión de responsabilidad y de respeto a Valladolid”, concluye Pedro Herrero.