Los concejales del PSOE presentan ocho enmiendas para flexibilizar los requisitos, recuperar la valoración de la situación habitacional y garantizar la continuidad de las familias vulnerables en las viviendas municipales, siempre que esté justificada.

El equipo de gobierno PP-Vox deberá incluir la violencia de género en el Protocolo que regula los criterios de acceso a las viviendas del Ayuntamiento de Valladolid. Por tanto, el informe jurídico del Secretario obliga a Carnero a introducir de nuevo este concepto, que fue eliminado el pasado mes de mayo. Pero además de este cambio, el Grupo Municipal Socialista ha presentado ocho enmiendas para corregir y mejorar los requisitos de los solicitantes de una vivienda.

Las mejoras pretenden que la vivienda se adjudique atendiendo más a la necesidad real de quien la solicita que a circunstancias administrativas como la antigüedad del empadronamiento, y que el sistema incorpore garantías para no excluir injustamente a personas vulnerables. Las modificaciones que defenderán los concejales del PSOE en el Consejo de Administración de VIVA (Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda) pretenden, además,  evitar exclusiones automáticas o desproporcionadas; aumentar las garantías de control, evaluación y transparencia, y considerar siempre  la situación real de necesidad de las personas y familias solicitantes.

Una de las propuestas plantea reducir de tres a un año la antigüedad mínima de empadronamiento exigida para acceder a los programas municipales de vivienda. El PSOE considera que exigir tres años puede dejar fuera a personas en situación de vulnerabilidad antes siquiera de que pueda valorarse su verdadera necesidad habitacional y por eso se aboga por equilibrar la antigüedad del empadronamiento con la necesidad real que tiene una familia.

Los socialistas plantean también que una deuda aplazada o fraccionada formalmente y cuyo calendario de pagos se esté cumpliendo no pueda convertirse automáticamente en un impedimento para acceder a una vivienda municipal. La propuesta diferencia así entre una deuda impagada y una deuda cuyo pago ha sido autorizado y se está atendiendo conforme a las condiciones establecidas. Es decir, no se puede penalizar más a las personas o familias que están pagando sus deudas.

Otra de las enmiendas pretende evitar la exclusión automática durante cinco años de quienes hayan renunciado a una vivienda o desistido del procedimiento cuando existan circunstancias sobrevenidas, justificadas y ajenas a su voluntad. La propuesta es que la situación sea valorada mediante una resolución motivada y, cuando proceda, con informe técnico o social.

Una de las modificaciones de mayor alcance afecta al baremo de las denominadas Viviendas Blancas. Se pretende evitar que la finalización del contrato suponga necesariamente la salida de una familia que continúe en situación de vulnerabilidad. Los socialistas plantean que puedan acordarse prórrogas sucesivas mientras se mantengan los requisitos de permanencia y se cumplan las obligaciones derivadas del contrato, previa valoración y decisión motivada.

La propuesta no contempla una permanencia automática en la vivienda, sino una revisión periódica de las circunstancias de cada caso.

Finalmente, el Grupo Socialista propone que VIVA evalúe al menos una vez al año el funcionamiento del sistema de acceso y baremación.