El Grupo Municipal Socialista no cesará en pedir la restitución de la violencia de género en el Protocolo de Vivienda para que ninguna mujer quede excluida.

Definitivamente, la violencia de género ha quedado borrada del Protocolo de acceso a las viviendas del Ayuntamiento de Valladolid. Esta es la realidad. Así lo han decidido PP y Vox en el Pleno porque más allá de las palabras están los hechos. Y los dos partidos que integran el equipo de gobierno de Carnero han votado en contra de cada uno de los cinco acuerdos planteados en la moción conjunta del Grupo Municipal Socialista y VTLP:

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid reconoce expresamente a las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo que requiere una protección específica y prioritaria en las políticas municipales de vivienda, de conformidad con la Ley Orgánica 1/2004 y demás normativa aplicable.

SEGUNDO. El Pleno insta al Consejo de Administración de VIVA a retirar del vigente Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal la modificación introducida respecto a las mujeres víctimas de violencia de género, manteniendo una diferenciación expresa entre violencia de género y violencia doméstica.

TERCERO. El Pleno insta al Consejo de Administración de VIVA a recuperar para las mujeres víctimas de violencia de género la misma valoración y puntuación que contemplaba el protocolo anterior, establecida en 1,5 puntos, garantizando que la modificación aprobada no suponga una pérdida de protección ni de posibilidades de acceso a la vivienda municipal para estas mujeres.

CUARTO. El Ayuntamiento de Valladolid garantizará que las medidas específicas de protección y acción positiva dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de género se mantengan y sean respetadas en todos los planes, programas, proyectos, protocolos, convocatorias, baremos y demás instrumentos municipales que afecten a sus derechos, recursos, prestaciones o acceso a servicios públicos.

QUINTO. El Ayuntamiento de Valladolid dará cuenta al Consejo Municipal de las Mujeres de las decisiones adoptadas en cumplimiento de estos acuerdos y, específicamente, de la restitución de la protección y valoración específica de las mujeres víctimas de violencia de género.

13 votos a favor y 14 en contra. A favor de los acuerdos propuestos han votado los once concejales del PSOE y las dos concejalas de VTLP. Mientras que los cinco acuerdos planteados han recibido el NO de los once concejales del PP y los tres de la ultraderecha. Esta es la realidad.

El debate, que ha estado precedido por las intervenciones de Nina Infante y Paula Granados como representantes de Foro Feminista y la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, ha contado con numerosas mujeres en la tribuna del Salón de Plenos.

La concejala socialista, Rafi Romero, ha reclamado con insistencia la restitución del concepto de violencia de género en el Protocolo de acceso a las viviendas municipales para que ninguna mujer víctima de violencia de género quede excluida de los criterios de acceso. La violencia doméstica no incluye a todas las mujeres que han sufrido la violencia machista.

La moción conjunta del PSOE  con VTLP está fundamentada en ese cambio promovido por el equipo de gobierno de Carnero:

“El acceso a una vivienda segura constituye, para una mujer víctima de violencia de género, un elemento fundamental para poder romper con el agresor, proteger a sus hijos e hijas y avanzar hacia una vida autónoma. Por ello, las políticas públicas de vivienda deben contemplar una protección específica para estas mujeres, atendiendo a su especial situación de vulnerabilidad.

La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, reconoce esta especial protección. Su artículo 28 establece que las mujeres víctimas de violencia de género deben ser consideradas colectivo prioritario en el acceso a vivienda protegida y a determinados recursos residenciales. Esta previsión no establece una puntuación concreta, pero sí obliga a que esta situación sea tenida en cuenta de forma específica en las políticas públicas.

En mayo de 2026, el Consejo de Administración de VIVA aprobó solo con los votos del PP y VOX, un nuevo Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal, presentado por el gobierno municipal como una medida destinada a simplificar y agilizar los procedimientos de adjudicación.

Sin embargo, la modificación introducida en relación con las víctimas de violencia de género ha provocado el rechazo de los grupos políticos municipales, a excepción del PP y VOX, y de las organizaciones de mujeres de Valladolid. El nuevo protocolo sustituye la referencia específica a las víctimas de violencia de género por una referencia más amplia a la violencia doméstica, modificando además la valoración que recibían estas mujeres en el baremo.

No estamos ante una cuestión meramente terminológica. Violencia de género y violencia doméstica no son conceptos equivalentes, ni responden a la misma realidad ni tienen el mismo reconocimiento jurídico. La utilización de una categoría más amplia no puede servir para diluir o hacer desaparecer la protección específica que la legislación reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género.

Las organizaciones de mujeres de Valladolid han expresado de forma clara también su rechazo a esta modificación.

Primero la Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha reclamado públicamente que se recupere expresamente el concepto de víctima de violencia de género y que se mantenga la valoración que contemplaba el protocolo anterior, calificando esta reivindicación de “innegociable”.

Posteriormente esta posición ha sido compartida por otras organizaciones feministas y sociales integrantes del Consejo Municipal de las Mujeres. En la sesión extraordinaria, solicitada por el grupo municipal socialista, celebrada el 31 de agosto de 2026, convocada, entre otros asuntos, para abordar precisamente el nuevo protocolo de acceso a la vivienda municipal, las entidades reclamaron explicaciones y la recuperación de la protección específica para las víctimas de violencia de género.

La reunión evidenció un profundo malestar entre las organizaciones participantes, cuestionando la ausencia de informes jurídicos y de impacto de género que permitieran justificar una modificación que afecta directamente a las mujeres víctimas de violencia de género.

Durante el Consejo, las organizaciones plantearon la necesidad de recuperar la referencia específica a la violencia de género. Una votación informal, realizada ante la oposición del concejal que la presidia a realizarla formalmente por no estar en el orden del día, mostró un amplio respaldo a esta posición.

Esta circunstancia resulta especialmente preocupante. El Consejo Municipal de las Mujeres es un instrumento de participación y consulta de las organizaciones de mujeres de Valladolid. No puede convertirse en un órgano al que se convoca a las asociaciones para escuchar sus opiniones y, cuando estas manifiestan mayoritariamente su rechazo a una decisión municipal, sus demandas queden sin una respuesta clara.

Las organizaciones de mujeres no han planteado eliminar la protección de las víctimas de violencia doméstica ni excluir a ninguna mujer. Su reivindicación es concreta: mantener el reconocimiento específico de las mujeres víctimas de violencia de género y garantizarles una protección específica en el acceso a la vivienda municipal.

El Gobierno municipal sostiene que el nuevo protocolo no supone una pérdida de protección y que incluso mejora el sistema. Si así fuera, debe poder acreditarse de manera objetiva. No basta con afirmar que las víctimas continúan protegidas cuando las propias organizaciones de mujeres, con experiencia directa en la atención y acompañamiento a estas víctimas, advierten de que se ha eliminado su reconocimiento específico.

Por ello, los Grupos Municipales Socialista y Valladolid Toma la Palabra consideran necesario atender la posición expresada por las organizaciones de mujeres, recuperar la protección específica que contemplaba el protocolo anterior y establecer garantías para que esta protección no pueda ser diluida en futuras modificaciones de las políticas municipales.

La defensa de las víctimas de violencia de género exige algo más que declaraciones institucionales. Exige que las medidas concretas que favorecen su autonomía, protección y acceso a los recursos públicos se mantengan y se refuercen, y no se sustituyan por categorías genéricas que puedan terminar invisibilizando su situación específica.”