Los socialistas llevan advirtiendo dos años de los riesgos para la protección de datos y la ausencia de un contrato para la recogida del papel y cartón generado en la Casa Consistorial

El Grupo Municipal Socialista denuncia que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid continúa sin ofrecer garantías suficientes sobre el tratamiento y destrucción de la documentación en papel que pueda contener datos personales o información confidencial, pese a las reiteradas advertencias que viene realizando desde julio de 2024.

«Es especialmente grave que, después de más de dos años de preguntas en comisión, el Gobierno municipal sigareciv sin haber explicado de forma clara, cuál es el procedimiento que garantiza que toda la documentación sensible generada en las dependencias municipales queda protegida desde que deja de utilizarse hasta su destrucción definitiva», advierte el concejal socialista Juan Carlos Hernández, que recuerda que tampoco existe un contrato específico para la recogida del papel y cartón generado en todas las instalaciones municipales.

El problema comenzó después de que el anterior contrato para la “recogida y reciclaje del papel y cartón, destrucción con certificación de la documentación confidencial y gestión de residuos que se generen” finalizara el 31 de diciembre de 2023. No fue hasta la Comisión de Hacienda del 18 de julio de 2024 cuando, a preguntas de la oposición, el equipo de Gobierno reconoció que todavía no se había adjudicado un nuevo contrato. La explicación ofrecida entonces fue que la subida de precios había dificultado la nueva contratación y que se pretendía pasar de contratos anuales a uno plurianual. Mientras tanto, se aseguró que la eliminación del papel estaba siendo realizada por empleados municipales y con medios propios del Ayuntamiento.

Ya en aquella comisión el Grupo Socialista advirtió expresamente del riesgo existente. Señaló que habían transcurrido más de seis meses desde la finalización del contrato, que no se apreciaban contenedores específicos en la Casa Consistorial y que se desconocía cómo se estaba destruyendo la documentación en las distintas dependencias municipales.

Dos meses después, el 19 de septiembre de 2024, el problema seguía sin resolverse. El equipo de Gobierno aseguró entonces que la contratación continuaba “en fase de análisis” y que incluso se estaba valorando realizar definitivamente el servicio con medios propios. Ante esta respuesta, la oposición volvió a advertir de las dudas existentes sobre el cumplimiento de las garantías de protección de datos y sobre el riesgo evidente de que documentos acabaran depositados en papeleras ordinarias.

La situación tampoco se aclaró en la Comisión del 14 de noviembre de 2024. El Gobierno anunció que pretendía disponer de un contrato “en el periodo de un mes”. Ese compromiso tampoco se cumplió.

El asunto volvió a plantearse el 20 de marzo de 2025. El equipo de Gobierno reconoció nuevamente que el servicio continuaba gestionándose mediante medios propios y anunció nuevamente su intención de licitar un contrato durante 2025.

En la Comisión del 15 de mayo de 2025 volvió a producirse un nuevo aplazamiento. La contratación estaba inicialmente prevista para el segundo trimestre, pero el Gobierno señaló entonces que esperaba poder cerrarla después del verano y que el papel confidencial se destruía “con medios propios”.

Según Juan Carlos Hernández esta expresión, repetida durante meses, resulta «absolutamente insuficiente cuando se está hablando de información protegida». «El Ayuntamiento debe aclarar qué significa exactamente destruir documentación confidencial “con medios propios”, qué equipos se utilizan, quién puede acceder a los documentos antes de su destrucción, quién asume la responsabilidad del proceso, dónde se realiza, cómo se evita una pérdida o sustracción y qué constancia queda de que la documentación ha sido efectivamente destruida».

La situación es especialmente incongruente ya que en 2025 estaba previsto un contrato de 160.000 euros y 24 meses de duración denominado “Servicio de recogida, papel y cartón, destrucción con certificación de la documentación confidencial y gestión de los residuos que se generan del Ayuntamiento de Valladolid” que no ha llegado a licitarse por la Concejalía Delegada General del Área de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa.

El propio Ayuntamiento reconoció en esa comisión que la destrucción de documentación confidencial requiere una importante trazabilidad, que debe efectuarse por empresas acreditadas y que es necesario justificar cómo se ha destruido, qué cantidad se ha eliminado y que la confidencialidad se ha mantenido durante todo el procedimiento.

El Grupo Socialista considera difícilmente comprensible que el Gobierno municipal reconozca todas esas garantías cuando habla de determinados documentos y, al mismo tiempo, lleve meses defendiendo que otra documentación confidencial generada diariamente puede destruirse simplemente mediante “medios propios”, sin haber explicado públicamente un procedimiento equivalente de trazabilidad y control.

«Después de tantas advertencias, ya no caben más respuestas vagas. Cuando están en juego datos personales de ciudadanos y trabajadores municipales, la improvisación no es una opción. El Ayuntamiento debe ofrecer garantías, trazabilidad y seguridad, y debe poder demostrar que esas garantías se cumplen», advierte el concejal socialista Juan Carlos Hernández.

Audio del concejal del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Hernández