El Grupo Municipal Socialista  demanda una solución definitiva y por eso reprocha la pasividad de Carnero, que no ha cesado de multar, ni ha elaborado una nueva ordenanza.

Frente a la “seguridad jurídica” recogida en la Constitución Española, en Valladolid se sitúa la incertidumbre por la Zona de Bajas Emisiones, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. A la anulación de la ZBE aprobada solo por PP y Vox, se suman las dudas generadas en la opinión pública por el cambio de criterio de Carnero, que sigue sin aportar una solución definitiva para resolver esta situación anómala, cuando se cumplen exactamente hoy tres meses desde el revés judicial.

En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista pedirá explicaciones en el próximo Pleno del Ayuntamiento por la “inseguridad jurídica y política” generada por PP y Vox. En concreto, Pedro Herrero formulará preguntas tanto al alcalde como a la teniente de alcalde.

En concreto, la pregunta dirigida a Carnero se refiere al hecho de que en el  mes de marzo el actual alcalde dijo que la nueva ordenanza de Zona de Bajas Emisiones estaría basada en un criterio de activación según picos de contaminación. Sin embargo, en el último Pleno, celebrado en mayo, el PP se negó a apoyar una resolución de su socio de gobierno (Vox) que planteaba exactamente esa medida.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista también se dirigirá a la primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, cuando declaró hace unas semanas que “existen argumentos jurídicos de peso» para suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones. Al mismo tiempo, dijo que el PP decidió recurrir la sentencia por su cuenta, en contra del criterio de Vox y añadió: “El Partido Popular no puede engañar dos veces a los ciudadanos”.

Desde que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (1 de julio de 2025), el Ayuntamiento de Valladolid había impuesto sanciones por un valor aproximado de 1,6 millones de euros hasta marzo de 2026. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento a los medios de comunicación, la ZBE registraba una media de unas 50 multas al día (llegaron a ser 80 al inicio del proceso). Los ciudadanos pueden albergar dudas sobre si las multas impuestas hoy serán finalmente válidas o si las ya pagadas podrían ser objeto de devolución en el futuro.

“La irresponsabilidad de Carnero queda reflejada en su inacción ante esta situación insólita en Valladolid. El equipo de gobierno PP-Vox ha creado un problema y no está haciendo nada para resolverlo”, explica Pedro Herrero, que insiste en la negligencia del grupo de gobierno PP-Vox, que ha actuado sin rigor, sin seguridad jurídica y sin la seriedad que exige una medida de esta trascendencia para la calidad del aire, la movilidad urbana y la salud pública.

El Grupo Municipal Socialista también reprocha la “falta absoluta de transparencia” en el proceso de modificación de la Ordenanza. A finales de mayo finalizó el plazo de propuestas y sugerencias, con la participación de varios colectivos:

  • Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER).
  • Grupo Municipal VOX.
  • FECOSVA.
  • Federación Asociaciones Vecinales «Antonio Machado».
  • CEOE.
  • Federación AA.VV. «Conde Ansúrez».
  • Ecologistas en Acción.º

(El pasado mes de marzo el alcalde anunció “suspender las sanciones” y así lo recogía la información del Ayuntamiento de Valladolid: https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/alcalde-explica-pleno-ayuntamiento-planteara-tres-vias-abor )