El Ayuntamiento debe mantener los centros educativos, pero es la Junta de Castilla y León la administración responsable en las obras de reforma de los edificios, climatización y eficiencia energética y actuaciones en fachadas y cubiertas.

La calidad de la educación pública no depende únicamente del compromiso del profesorado, de los equipos directivos o de la implicación de las familias. Depende también, de manera decisiva, del estado de las infraestructuras. Garantizar colegios seguros, accesibles, dignos, funcionales y adaptados a las necesidades actuales debe ser una prioridad. En esto se basa la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en el  Pleno, que se celebrará mañana lunes 27 a las nueve de la mañana.

La realidad es que en los colegios públicos de Valladolid se constata un déficit acumulado de inversiones y, en consecuencia, son precisas intervenciones en las estructuras de los edificios y en la mejora de las instalaciones. El Ayuntamiento debe garantizar el mantenimiento, pero es la Junta de Castilla y León la administración que debe realizar inversiones de mayor calado.

En los últimos años y especialmente en los últimos meses se han multiplicado las denuncias de Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS), los equipos directivos y de los sindicatos del ámbito de la educación sobre el deterioro generalizado de los colegios públicos de la ciudad. Estas demandas no son aisladas. Los medios de comunicación han reflejado la situación real en distintos centros educativos: techos con filtraciones, falta de aislamiento térmico, deficiencias en la accesibilidad, porterías y canastas oxidadas, suelos agrietados en los patios, fachadas, ausencia de climatización adecuada tanto en verano como en invierno,…

Charo Chávez, la concejala del Grupo Municipal Socialista que defenderá la moción, explica la iniciativa política basada en una evidencia: “La existencia de un número relevante de necesidades pendientes en los colegios públicos de Valladolid que van más allá del mantenimiento porque son actuaciones que corresponden directamente a la Junta de Castilla y León, que es la administración competente en esta materia.”

La mayoría de los colegios públicos de la ciudad tiene más de 30 años de antigüedad, sin que se haya acometido una renovación integral en décadas. Las AMPAS han reclamado también un plan de climatización y eficiencia energética, además de actuaciones urgentes en fachadas y cubiertas, coincidiendo con la aprobación por parte de la Junta de Castilla y León de una programación de inversiones, que a fecha de hoy resulta insuficiente para cubrir las necesidades detectadas en Valladolid.

El Ayuntamiento ha realizado, dentro de sus competencias, un esfuerzo constante en el mantenimiento ordinario y la atención a incidencias urgentes, pero son necesarias inversiones estructurales por parte de   la Junta de Castilla y León. En consecuencia, estos son los acuerdos que plantea Grupo Municipal Socialista:

1. Instar a la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación y de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid, a realizar un diagnóstico actualizado, completo y centro a centro de las necesidades de inversión en los colegios públicos de Valladolid.

2. Aprobar un plan extraordinario de inversiones en colegios públicos de Valladolid, con dotación económica suficiente, calendario y criterios objetivos de priorización que atienda especialmente las necesidades estructurales, de accesibilidad, climatización y eficiencia energética, cubiertas, fachadas, cerramientos y rehabilitación de patios, pistas deportivas y zonas exteriores.

3. Garantizar la participación de la comunidad educativa —AMPAS, equipos directivos y consejos escolares—, junto con el Ayuntamiento, en la definición y seguimiento de dicho plan de inversiones.

4. Establecer un mecanismo estable de coordinación, seguimiento y transparencia entre Junta y Ayuntamiento de Valladolid que permita conocer el estado real de las actuaciones comprometidas.

5. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid de seguir atendiendo el mantenimiento de los centros públicos, al tiempo que reclama a la Junta de Castilla y León que asuma plena y efectivamente sus responsabilidades en materia de inversión educativa.