Información clara, criterios concretos y financiación adecuada. Estas son las reivindicaciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, a la Junta de Castilla y León ante el comienzo del curso escolar 2020-2021: “Ha habido tiempo de adoptar decisiones y, por tanto, no se pueden demorar más”.

Las peticiones del alcalde se basan en la proximidad de las fechas para la apertura de las aulas y la necesidad de garantizar la seguridad de los alumnos, docentes y trabajadores. El Ayuntamiento de Valladolid asume la limpieza de los 39 colegios de la ciudad, cuyo coste se eleva a 1,8 millones de euros. Este presupuesto se puede disparar si las tareas de limpieza e higiene en los aseos y otras dependencias  tienen que realizarse dos o tres veces al día. Pero a fecha de hoy, 26 de agosto, la información de la Administración Autonómica  brilla por su ausencia.

La Concejalía de Educación sólo tiene constancia de un presupuesto de la Junta de Castilla y León de 1,1 millones de euros para toda la Comunidad Autónoma, una cantidad “simbólica” ante las necesidades que se plantean en los centros educativos.

En consecuencia, Óscar Puente reclama “instrucciones” precisas de la Junta  para garantizar las clases presenciales, que son “una necesidad para la sociedad, para los escolares y las propias familias”, aunque el alcalde ha dejado claro que esta es una decisión que deben adoptar las administraciones competentes.

La falta de una financiación acorde a la prestación de servicios a fecha de hoy es patente en educación –en el ámbito de la limpieza de los colegios- y también en otros sectores, como Servicios Sociales. Hoy la Junta de Gobierno, además de abordar este problema,    ha aprobado el convenio con la Junta sobre la concesión de una subvención directa del segundo fondo extraordinario COVID-19. Hasta la fecha, el coste total en la ciudad de Valladolid ha llegado a 2,7 millones de euros, pero la Junta únicamente ha aportado 2,2 millones. Por tanto, el Ayuntamiento se ha visto obligado a desembolsar en este periodo 500.000 euros para la prestación de los Servicios Sociales. “Al menos es una cantidad razonable”, según el alcalde, que echa en falta, al menos, una cantidad proporcional en el ámbito educativo.