Un informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Valladolid concluye que el Pleno del Ayuntamiento no era «ni órgano competente ni Administración que deba aprobar la novación» modificativa del contrato de línea de crédito que suscribió la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en el año 2011, y por tanto, «no existió irregularidad alguna en este sentido» que deba subsanarse.

El secretario general municipal señala en su escrito que el contrato de novación es un documento privado de carácter mercantil, de ampliación o prórroga de un crédito, que compromete a la Sociedad, pero no traslada el compromiso a las entidades públicas que la forman.

De hecho, detalla, no existe ninguna cláusula que las convierta en avalistas y sí, en cambio, una, la Octava, último párrafo IV, que dice que «la firma no supone una ratificación de las Cartas de Compromiso otorgadas por los accionistas».

En definitiva, la operación fue aprobada por la Sociedad, que es quien responde del crédito otorgado, y no por los socios: ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Castilla y León ni el Consejo de Ministros, las sometieron a sus órganos de gobierno, al contrario de lo que ocurría con las Cartas de Conformidad, que convirtieron a los socios en avalistas y comprometieron, por tanto, sus finanzas.

Así pues, señala el secretario, «el contrato de novación firmado el 4 de abril de 2016 nada tuvo que ver», y ahonda en que entre las atribuciones del Ayuntamiento Pleno no se encuentra ninguna por la que resulte órgano competente para aprobar esa operación, que ni tan siquiera es competencia municipal.

Cabe recordar que el Grupo Municipal Popular utilizó una supuesta sugerencia realizada por el interventor al alcalde para que llevase a Pleno la novación, para afirmar que debía acompañar al banquillo a Francisco Javier León de la Riva, procesado y acusado por la firma de las comfort letter que comprometían el patrimonio municipal en más de 100 millones de euros y que será Juzgado por ello el 25 de abril del presente año.

A raíz de esas declaraciones del portavoz de los populares, el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, solicitó del secretario general del Ayuntamiento, sobre el que recae la competencia de fijar los asuntos que deben o no ir a Pleno, que elaborase un informe en el que aclarase si existía o no esa obligación.

El resultado es esclarecedor y pone en evidencia, señala Puente, «la frivolidad con la que un grupo político contra las cuerdas por la comisión de supuestas ilegalidades intenta extender la duda sobre la adecuación a la legalidad de las decisiones adoptadas por el actual equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza».

Es precisamente el Partido Popular, añade Puente, el que afronta este año «varios juicios penales en los que el ex alcalde, tres ex concejales, los dos últimos de Urbanismo o el de Hacienda, -que tuvo que dimitir en este mismo mandato-, se sentarán en el banquillo de los acusados, junto al que fuera jefe de Mantenimiento durante catorce años bajo gobiernos de los Populares, entre otros».

«Es a ellos y no a otros a quienes les corresponde dar cuenta ante la ciudadanía, cosa que aún no han hecho, y ante los Tribunales, cosa que harán a lo largo de este año, de los desmanes que cometieron durante su etapa de gobierno», finaliza.