La contratación de despachos de abogados “preferentemente” de Valladolid también ha sido descartada por Carnero.
Ante la existencia de un problema derivado de las reiteradas sentencias judiciales contrarias al equipo de gobierno PP-Vox así ha comenzado su intervención el portavoz del Grupo Municipal Socialista: “Entre las muchas carencias de su gobierno municipal, señor Carnero, hay una que llama especialmente la atención: su falta de seguridad jurídica. Demasiadas decisiones han acabado en los tribunales, demasiadas iniciativas han recibido un revés judicial y demasiadas advertencias parecen haber caído en saco roto.”
Y a continuación Pedro Herrero ha enumerado las sentencias contrarias que ha recibido Carnero sobre asuntos de interés general: la Ordenanza de Movilidad, para eliminar carriles bus, taxi y bici, que fue declarada ilegal en 2024; la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, también fue anulada en marzo de 2026; la creación del puesto de Director de Coordinación Políticas Públicas, conocido como el “alcalde B”; la sentencia que condenó al alcalde por vulnerar derechos fundamentales de los concejales al negarse a incluir dos mociones en el Pleno,…
El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de febrero la ilegalidad del “alcalde B”, al inadmitir a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaró ilegal la creación del puesto denominado Director/a de Coordinación de Políticas Públicas, conocido como el “alcalde B”, y que lleva aparejado un coste este puesto tiene un coste de 627.048 euros a lo largo del mandato municipal (156.762 euros anuales).
A estos reveses se suma el intento del equipo de gobierno PP-Vox de paralizar la ampliación de la estación de tren de Campo Grande, una obra de 215 millones de euros, determinante para el futuro de Valladolid. Para ello el Ayuntamiento contrató un bufete de Madrid. En julio la Audiencia Nacional inadmitió el recurso por no haberse acreditado suficientemente el asesoramiento jurídico previo necesario para autorizar las acciones judiciales.
A este balance se añade el boicot del actual alcalde al Convenio de Integración Ferroviaria para impedir la construcción de los pasos previstos: “Otra maniobra nefasta que está teniendo, y puede tener aún, consecuencias negativas para Valladolid.” La disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad también está inmersa en un proceso judicial.
Otro de los asuntos que el equipo de gobierno PP-Vox ha tenido que rectificar se deriva de la decisión de eliminar a las víctimas de violencia de género en el acceso a una vivienda municipal, cuestionada por un informe jurídico de la Secretaría General que advirtió de su falta de encaje legal porque la violencia de género no es igual que la violencia doméstica. El empecinamiento y el negacionismo explican, en parte, estos varapalos judiciales.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista se pregunta cómo es posible chocar tantas veces contra de las normas: “¿Cómo son posibles tantas sentencias en contra, tanta inseguridad jurídica? ¿Cómo es posible un balance tan desastroso teniendo como mano derecha a la señora Carvajal, que se nos presenta como una autoridad jurídica infalible?” Es una interpelación a Carnero, con alusión a la teniente de alcalde, perteneciente a Vox.
En consecuencia, Pedro Herrero ha propuesto tres soluciones:
“En primer lugar, que atiendan las recomendaciones de los servicios jurídicos municipales y sigan sus consejos. La seguridad jurídica exige escuchar a quienes tienen la responsabilidad profesional de velar por la legalidad de las decisiones de este Ayuntamiento.
En segundo lugar, que, cuando necesiten asesoramiento jurídico externo, lo busquen “preferentemente” en Valladolid antes que en ninguna otra parte. En nuestra ciudad hay magníficos profesionales de todas las ramas del Derecho.
Y, por último, que usted prescinda de su «alcalde B», porque no aporta nada, ni en el ámbito jurídico ni en la gestión municipal, y se ha convertido en un auténtico lastre para este Ayuntamiento.”
PP y Vox han rechazado estas soluciones propuestas por el Grupo Municipal Socialista.









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