El Grupo Municipal Socialista reprocha la dejadez del equipo de gobierno PP-Vox en la búsqueda de una solución definitiva para los conductores que acceden a la Zona de Bajas Emisiones
Un año y un mes después de la entrada en vigor de la ZBE aprobada por PP y Vox, el equipo de gobierno de Carnero sigue multando, a pesar de que la Ordenanza fue declarada ilegal. “Comenzamos agosto, un mes más y van trece, y todo sigue igual: transcurre el tiempo sin una solución definitiva. Es una prueba, otra más, de la desidia de Carnero, que ni siquiera tiene una fecha prevista para solventar el problema de la ilegalidad de la normativa”, explica Pedro Herrero, que paradójicamente sí encuentra una “sorprendente diligencia” en el equipo de gobierno de PP-Vox: “No paran de sancionar ya que se imponen una media de 70 multas diarias; y no cesan de multar para recaudar. De hecho, están imponiendo sanciones por valor de 14.000 euros cada día. Y todo en medio de una inseguridad jurídica.”
La Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mediante una sentencia de fecha 16 de marzo de 2026.
Aunque la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones en Valladolid entró en vigor el primero de enero de 2025, no se comenzó a sancionar a los vehículos que accedían sin etiqueta hasta el 1 de julio de 2025. En este tiempo, según los datos ofrecidos por la Concejalía al Grupo Municipal Socialista, el número de expedientes correspondientes a denuncias por entrar en la ZBE asciende a 23.298, sin contabilizar el mes de julio (la media, por tanto, se sitúa en 70 multas diarias). Esto implicaría multas por una cuantía de 14.000 euros al día porque la sanción se cifra en 200 euros. Faltan conocer los datos definitivos por “pronto pago” y otras circunstancias, pero a esa cuantía ascendería la recaudación.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nula la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid en una sentencia emitida el 16 de marzo de 2026. El fallo estimó el recurso presentado por la Asociación Liberum y determinó la nulidad de la normativa aprobada por PP y Vox, con el voto en contra del PSOE y VTLP.
Mientras tanto, el grupo de Carnero, lo único que ha hecho es presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo e iniciar el procedimiento para modificar la Ordenanza, pero no hay fecha para solucionar este problema jurídico. Mientras continúa la incertidumbre entre a vecinos y visitantes, con inseguridad jurídica.
El Grupo Municipal Socialista reprocha la mala gestión de PP y Vox también en este ámbito porque lejos de resolver el problema “han provocado confusión con sus mensajes contradictorios y, además, han intentado desde el inicio distraer a la opinión pública con la creación de grupos de trabajo y comités que no han servido absolutamente para nada”, según detalla Luis Vélez, que aporta datos concretos para avalar esta afirmación.
El 17 de noviembre de 2025 el concejal de Tráfico y Movilidad firmó un Decreto para la creación del “Grupo de Trabajo Técnico para el seguimiento de la Zona de Bajas Emisiones”. Este Grupo únicamente se ha reunido en una ocasión para su constitución, el 27 de enero de este año, y lamentablemente no se levanta acta de la reunión. Una única vez en ocho meses.
Además, el 18 de diciembre de 2025 el mismo concejal firmó otro Decreto para la creación del “Comité municipal para el seguimiento de la Zona de Bajas Emisiones en Valladolid”, por imposición de VOX que condicionó esta medida a la aprobación de los presupuestos. En estos ocho meses se ha reunido en dos ocasiones, el 29 de enero y el 18 de marzo. Tampoco se levanta acta. Es decir, que no tienen ninguna utilidad.
Valladolid necesita una Zona de Bajas Emisiones plenamente ajustada a Derecho, eficaz para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos, y con la participación de los ciudadanos y los sectores afectados, como los comerciantes. “Lo que no se puede permitir -concluye Luis Vélez- es que la incompetencia del equipo de gobierno PP-Vox termine convirtiendo una obligación legal en un problema para los vecinos de Valladolid”.
Declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero
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