Pedro Herrero: “La obcecación del actual alcalde, que utiliza fondos públicos en una batalla absurda, está causando perjuicios. La solución está en manos de los ciudadanos”.

El anuncio del equipo de gobierno PP-Vox de recurrir la resolución de la Audiencia Nacional es una prueba más del empecinamiento y obcecación de Carnero en su batalla partidista porque resulta incomprensible que un alcalde siga intentando paralizar la construcción de la nueva estación de trenes, una inversión de 215 millones de euros, la mayor en la historia de la ciudad. Y además de la tozudez con la que se comporta, Carnero dilapida fondos públicos porque ha contratado un bufete de abogados de Madrid para intentar paralizar las obras, que siguen en marcha.

“Carnero se empecina en una batalla absurda sin importarle las consecuencias que puede tener para la ciudad. Y esto es especialmente grave para Valladolid. Por eso hoy desde el Grupo Municipal Socialista le instamos a que deje de hacer daño a la ciudad; que en los diez meses que le quedan como alcalde no bloquee más proyectos”, explica Pedro Herrero, al tiempo que lanza un mensaje de esperanza ante un horizonte cierto: “Esto no tiene remedio. La solución la tienen los ciudadanos y por eso esperamos que el 23 de mayo del próximo año se abra una nueva etapa de avances para Valladolid, guiada por el interés general”.

El varapalo judicial sobre la estación de trenes se suma a tres  sentencias contrarias a las políticas del equipo de gobierno de Carnero en asuntos trascendentales: la sentencia del “alcalde B” ( El Tribunal Supremo también inadmitió a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaró ilegal la creación del puesto denominado Director/a de Coordinación de Políticas Públicas, conocido como el “alcalde B”);  la que se refiere a la Ordenanza de Movilidad (el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la Ordenanza de PP y Vox sobre los carriles de uso restringido para autobuses, taxis y ciclistas), y también ha sido declarada ilegal la Zona de Bajas Emisiones.

La Audiencia Nacional ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la aprobación técnica del proyecto y ha confirmado, por tanto, la resolución de ADIF Alta Velocidad que permite continuar con su tramitación.