Pedro Herrero: “¿Qué criterios tiene Carnero para admitir o rechazar una moción de los grupos municipales?”

Por la censura de Carnero no será posible debatir en el Pleno de este lunes 29 de septiembre la moción del Grupo Municipal Socialista sobre la utilidad de su “alcalde B” (Director de Coordinación de Políticas Públicas) para nuestro Ayuntamiento y para nuestra ciudad. Pero este veto no impedirá que Pedro Herrero reclame explicaciones por esta decisión arbitraria e incoherente. En consecuencia, el portavoz del Grupo Municipal Socialista presentará varias preguntas fundamentadas en el rechazo en la Junta de Portavoces del pasado 23 de septiembre.

1. ¿Qué argumentos jurídicos esgrime el Sr. Carnero para justificar su veto a esta moción? 

2. ¿En qué criterios se basa el Sr. Carnero para admitir o no una moción para su debate en el Pleno nuestra corporación?

La incoherencia de Carnero que detecta Pedro Herrero también se plasma en la novedad de este veto, porque sobre el denominado “alcalde B” ya se ha debatido en otras sesiones plenarias. En concreto, el 24 de enero el Grupo Municipal Socialista presentó una pregunta al Pleno relativa a la asunción de responsabilidad política por una sentencia que declaraba ilegal la creación del puesto de “alcalde B”. Por este motivo, también se cuestiona al alcalde:

1. ¿Por qué admitió el Sr. Carnero que el Grupo Municipal Socialista formulara dicha pregunta respecto al “alcalde B”? 

2. ¿Por qué accedió también el Sr. Carnero a que dicha pregunta fuera contestada?

Pedro Herrero ha defendido   la libertad que tienen los grupos municipales a la hora de elegir los asuntos que se proponen en los plenos. En este caso la moción se centraba en la creación de este “alto cargo”, un órgano nuevo declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que obligó al equipo de gobierno PP-Vox a modificar el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid de forma precipitada y sin consenso, al tiempo que anunció un recurso ante el Tribunal Supremo. Este puesto de libre designación no estaba en el Reglamento Municipal ni en el periodo de Tomás Rodríguez Bolaños, ni en el de León de la Riva, ni tampoco en la etapa de Oscar Puente.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó en 2023 el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista contra la decisión de Carnero de crear la figura del “alcalde B”, que, además de ser ilegal, implicaba un gasto de 627.048 euros a lo largo del mandato (156.762 euros anuales).